14 de junio de 2016 07:24

Asamblea fiscaliza las expresiones del Defensor Público sobre condenas desproporcionadas

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Sara Ortiz

Cuatro expresiones causaron preocupación en el interior de la Asamblea, al punto de que la Comisión de Fiscalización y Control Político solicitó al Defensor Público, Ernesto Pazmiño, aclarar y documentar los comentarios que emitió sobre la desproporcionalidad de las penas en el país y la sentencia en el caso Saraguro.

El pasado 30 de mayo, dos indígenas fueron sentenciados a 4 años de prisión por la paralización de servicios públicos, en Loja, durante una protesta contra el Gobierno. Tras este hecho, el Defensor dijo que en ese delito la condena máxima era de tres años de cárcel y criticó que a los dos saraguros se les haya impuesto 4 años.

“Esta sana crítica de la desproporcionalidad de las penas no la hice recién, la hice hace seis meses y hace un año, con el tema de drogas. Principalmente en el debate del COIP he manifestado la preocupación porque hay sentencias muy desproporcionadas para unos delitos leves y penas bastante menores para delitos graves”, sostuvo Pazmiño, la tarde del lunes 13 de mayo del 2016.

Una de las cuatro expresiones que generaron malestar es cuando Pazmiño dijo: “pasamos de ser un país que tenía muchos presos sin sentencia a ser un país que tenemos muchos sentenciados indebidamente…”. Los otros tres comentarios se recogen en un documento de dos páginas que llegó al despacho del Defensor, el pasado 2 de junio.

Sobre esto, la Comisión de Fiscalización le solicitó al funcionario que documente “cuáles son los ejemplos que usted indica que han generado esta inestabilidad procesal”. Así se recoge en el pedido.

Según el Defensor, en sus anteriores observaciones sobre la desproporcionalidad de las sentencias no ha recibido respuesta alguna. “Sin embargo, mi declaración de que la pena impuesta en el caso Saraguro fue desproporcionada esto generó una reacción política”.

Y agregó que “en la Mesa de Justicia lastimosamente me acusaron de que mis peticiones obedecían a que yo estaba formando un partido político y tenía intereses políticos. Nada más alejado de la verdad, no sé de donde salió esa noticia”.

El Defensor tiene 15 días para responder el pedido de información a la Comisión y ésta decidirá si inicia o no un juicio político.

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