28 de diciembre de 2016 08:39

Asamblea aprobó la Ley de plusvalía 26 días después de que la enviara Correa

La Ley de plusvalía se aprobó este 27 de diciembre, 26 días después de que el presidente Rafael Correa enviara el proyecto al Legislativo. Foto: Flickr Asamblea Nacional

La Ley de plusvalía se aprobó este 27 de diciembre, 26 días después de que el presidente Rafael Correa enviara el proyecto al Legislativo. Foto: Flickr Asamblea Nacional

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Valeria Heredia

Al menos cuatro temas marcaron el segundo debate sobre el proyecto de Ley para Evitar la Especulación de la Tierra, conocida como Ley de plusvalía, en el Pleno de la Asamblea Nacional, la noche de este martes 27 de diciembre del 2016.

Con 79 votos a favor , 27 en contra y una abstención, la normativa remitida el 1 de diciembre por Rafael Correa pasó el segundo debate.

Entre los asambleístas que votaron en contra de la ley están el oficialista Cristian Viteri, quien dijo quiso hacer observaciones técnicas que pudieron mejorar la ley, por ejemplo, sostuvo que el especulador es el que vende la tierra desde la primera venta. Otra legisladora gobiernista que no votó a favor de la normativa fue Verónica Rodríguez , mientras que Estela Acero se abstuvo.

La ampliación del pago del impuesto a las ganancias extraordinarias a las empresas mineras, la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, la minusvalía de los bienes por obras públicas, la inclusión de los fideicomisos en el pago del impuesto al valor especulativo del suelo fueron algunos de los temas que se abordaron en la discusión en el Legislativo e, incluso, son puntos que se han venido tratando en la Comisión de Gobiernos Autónomos y en gremios de constructores, ya que generaron observaciones.

Según la normativa, enviada con carácter de económico urgente, el impuesto sobre el valor especulativo del suelo en la transferencia de bienes inmuebles se grava a “la ganancia extraordinaria en la transferencia de bienes inmuebles, incluidos los aportes de inmuebles realizados a fideicomisos o a sociedades, dedicadas a la promoción inmobiliaria y construcción”.

Se excluyen, por ejemplo, a los constructores que realizan vivienda de tipo social, al Estado y sus instituciones, empresas públicas y otros.

Según el legislador y presidente de la Comisión, Richard Calderón, la inclusión de los fideicomisos en el pago del impuesto a la plusvalía se convirtieron en mecanismos de evasión.

Sin embargo, gremios de la construcción e inmobiliarios como la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda, no están de acuerdo con este artículo. "Con la exclusión de esta figura se mata un instrumento que el mismo Gobierno ha promovido como forma de blindar proyectos inmobiliarios, por lo que se afecta incluso proyectos que están en curso y que estaban iniciándose”.

La Cámara de la Construcción del Guayaquil, también está en contra de este cuerpo legal, ya que considera que la ley es inoportuna y más aún por la crisis económica que se vive en el país, así lo señaló Enrique Pita. “En la crisis por la que se atraviesa, no es el momento más adecuado para gravar actividades económicas, generándose mayor incertidumbre tributaria, e inseguridad jurídica para la inversión”.

Pita, además, indicó que es preocupante el hecho de que se establezcan límites a las denominadas utilidades indebidas. “Esas utilidades son producto del mercado, porque cuando una persona vende una propiedad lo que trata de obtener es un valor que le permita reponer lo que gastó”.

En el Pleno, Fernando Bustamante fue enfático al decir que la ley "es un acto de defunción para los gobiernos autónomos descentralizados" y que de busca acabar con la autonomía de los mismos, señaló.

De su parte Virgilio Hernández, de Alianza País, señaló que con la Ley se busca que los predios se abaraten y recordó que los gobiernos autónomos deben actualizar el catastro.

Luis Fernando Torres, legislador de oposición, indicó que la Ley es un "garrotazo tributario".

Sobre el tema Jaime Rumbea, también, señaló que hay dudas con este tipo de “política confiscatoria”, ya que la “ley no distingue al hogar que ha puesto en su casa el ahorro de toda una vida del supuesto especulador con información privilegiada, al que dice perseguir”.

Otro de los artículos que generó debate fue la ampliación del pago del impuesto a las ganancias extraordinarias a las empresas mineras.

Actualmente, las empresas mineras deben cancelar un impuesto un mes después de recuperada su inversión. Pero si la normativa se aprueba se amplía a 48 meses después de recuperar su inversión.

Esto generó debate incluso dentro del bloque oficialista, Alianza País. En el primer debate, la presidenta del Legislativo, Gabriela Rivadeneira, señaló la necesidad de retirar este artículo, ya que no estaba acorde con la Ley.

Sin embargo, luego del análisis del informe para segundo debate en la Comisión de Gobiernos Autónomos se decidió mantener el articulado.

Días atrás, según Alexandra Ocles, asambleísta de Alianza País, el tema minero se mantuvo porque el presidente de la Comisión, Richard Calderón, quien no estuvo presente en el debate en la mañana, argumentó que “hay la necesidad de que haya mayor inversión extranjera en el caso minero, por lo que hay que promover una forma de incentivo”.

El asambleísta Moisés Tacle, de oposición, señaló que el espíritu de la ley es beneficiar a las empresas chinas.

Calcule el Impuesto según la Ley de Plusvalía recién aprobada:

Infografía con el detalle del calculo:

Réplica a pedido de Paola Hidalgo, subdirectora General de Desarrollo Organizacional del SRI

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