12 de mayo de 2016 17:10

Asamblea Nacional aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial

Un legislador de Alianza País votó en contra del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial impulsado por el bloque oficialista. Foto: Diego Puente/ EL COMERCIO

Un legislador de Alianza País votó en contra del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial impulsado por el bloque oficialista. Foto: Diego Puente/ EL COMERCIO

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Diego Puente

Con 86 votos afirmativos y 37 negativos, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. El texto ordena la creación de un Consejo Técnico y una Superintendencia que provocan la preocupación de los gobiernos autónomos descentralizados (GADS).

La aprobación de la Ley tuvo inconvenientes. Los asambleístas estaban convocados a las 08:20 de este jueves 12 de mayo. Después de 20 minutos, la voz de la secretaria de la Legislatura pidió que los asistentes se registraran. Hubo 88 asambleístas presentes, cerca de 20 eran de la oposición.

De inmediato se suspendió la sesión 386 y se dio paso a la 387. Hubo rumores de discrepancias al interior de Alianza País (AP) sobre la presencia del Consejo y de la Superintendencia en el texto. Esto fue negado por la legisladora oficialista Soledad Buendía. “Estamos claros en la votación y unidos”.

Entonces, la Asamblea dio paso a la sesión 387 que trató el segundo debate de la ley de Solidaridad por el Terremoto. Treinta minutos después, se la interrumpió para retomar la sesión 386.

La votación duró ocho minutos. La oposición votó en contra de la propuesta porque consideraron que ambas instituciones de control vulneran los derechos de descentralización. Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano (PSC), comentó que esta Ley es inconstitucional.  Él respaldó la posición del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien adelantó que no cumplirá lo que diga la Ley.

Esta posición tuvo una respuesta por parte del presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Richard Calderón, de Alianza País (AP), quien fue el proponente de la Ley. Recordó que hay sanciones, que pueden llegar hasta las 100 remuneraciones básicas unificadas, contra los gobiernos autónomos que incumplan la normativa. Los municipios o consejos provinciales pueden aplicar juicios de repetición en contra de las autoridades de turno, en caso de que crean conveniente.

Alianza País sufrió un revés. El legislador Motgómery Sánchez (AP-Mar) votó en contra. Recibió aplausos de la oposición que lo invitaron, con sus manos, a acercarse más a este bloque.

Patricio Donoso, legislador de Creo, estuvo en contra del proyecto. Para él, el problema central es que el Gobierno perdió en las últimas elecciones 9 de los 10 municipios más grandes del país. “Esta será una forma de ajustar a esos municipios”.

Fausto Cayambe, de A. País, señaló que la Superintendencia tendrá tres atribuciones: supervisar, controlar y sancionar. “No pueden hacer plan de ordenamiento territorial, eso corresponde a los municipios”.

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