3 de marzo de 2016 12:33

Asamblea se allanó en 16 de 18 artículos al veto del Ejecutivo para la Ley de Tierras

La Asamblea Nacional durante una sesión el pasado 2 de febrero del 2016. Actualmente los asambleístas esperan el proyecto de un seguro de desempleo propuesto por el presidente Rafael Correa. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

La Asamblea se allanó a 16, de 18 artículos, del proyecto de Ley de Tierras Rurales. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Ana María Carvajal

Con 92 votos a favor, 13 en contra y 18 abstenciones, la Asamblea Nacional se allanó a 16 de los 18 artículos de la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.

Lo hizo tras la moción de votar el texto, presentada por el asambleísta Miguel Carvajal, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero.

La Mesa que Carvajal dirige consideró que las observaciones del Ejecutivo eran pertinentes y enriquecían la Ley de Tierras, salvo en dos artículos. Su informe fue acogido por el Pleno.

El Legislativo no se allanó en las observaciones a los artículos 81 y 130 que el Ejecutivo hizo al original.

En el primer caso se decidió no aceptar la propuesta de que se puedan entregar al Estado tierras colectivas para obras públicas relacionadas con sectores estratégicos. La Asamblea decidió conservar la idea original de que esto se permita solo en el caso de proyectos de salud, vivienda y educación, puesto que si se incluye sectores estratégicos se hablaría de temas relacionados con extracción minera y petrolera u obras de telecomunicaciones, por ejemplo, y eso no se incluyó en las jornadas de consulta prelegislativa.

La Comisión consideró que estas áreas cuentan con una norma propia y que por ello no pueden ser incluidos en la Ley
de Tierras.

Además, el Legislativo no aceptó la objeción del Ejecutivo que planteaba que si alguien interpone un recurso administrativo en un proceso de expropiación de un terreno, este se suspenda hasta que quede resuelto.

Para la Mesa de Soberanía Alimentaria y para el Pleno de la Asamblea, que aceptó el razonamiento de su informe, los propietarios ya tienen una garantía legal de sus derechos y, por lo tanto, no habría necesidad de precisarlo en el nuevo cuerpo legal.

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