2 de septiembre del 2016 00:00

País enfiló críticas a las ‘inequidades’ en FF.AA.

A la Asamblea Nacional entraron barras del oficialismo, quienes cuestionaron las intervenciones de los opositores. Foto: Pavel Calahorrano  / EL COMERCIO

A la Asamblea Nacional entraron barras del oficialismo, quienes cuestionaron las intervenciones de los opositores. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Javier Ortega
Redactor (I)
jortega@elcomercio.com

En lo alto del Pleno, en la tribuna, solo hubo espacio para simpatizantes del Gobierno. Los seguidores, un grupo de unas 100 personas, abuchearon cada intervención de los legisladores de oposición. Se escucharon gritos y pifias.

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea, tuvo que mediar y les llamó la atención. “A quienes están en la tribuna, por favor les pido no interrumpir”, advirtió a lo largo de la sesión, que se extendió desde las 11:30 hasta las 15:48 de ayer.

Con esa tónica se desarrolló el debate del primer borrador del proyecto de reformas del Ejecutivo a los seguros militar (Issfa) y policial (Isspol).

En la mañana, antes de que iniciara la discusión en el Pleno, Rodrigo Collaguazo y Esteban Melo, legisladores de Alianza País (AP), convocaron a los periodistas y levantaron las primeras controversias.

“Decidimos (con los colectivos sociales) declararnos en alerta nacional. Nos han llegado algunas voces de que hay determinados militares que de pronto estarían queriendo formar incertidumbre y llegar a alguna cuestión de inestabilidad”, aseguró Collaguazo, rodeado por un grupo de representantes de gremios sociales.

Afuera, en la calle Piedrahíta, también hubo episodios de confrontación. Simpatizantes de AP silbaron a un grupo de militares retirados que intentó ingresar al edificio legislativo.
“Con mucha sorpresa vemos que no nos dejan pasar, pero los coidearios de AP ya entraron”, dijo Ernesto González, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a quien el Presidente lo llamó ‘fascista’, el miércoles.

Gritos de ‘no más pensiones doradas’ se oyeron en la calle.
El mismo discurso se repitió en el Pleno, cuando los asambleístas de AP intervinieron.

Byron Valle fue el primero en hablar. Aplaudió la labor de las FF.AA. y de la Policía, pero dijo que “no se puede permitir” que estén sobre la ley.

Y puso como ejemplo las diferencias que actualmente existen entre los uniformados y los trabajadores del sistema de seguridad social general, cuya pensión máxima no supera los USD 2 013.

Un militar con el grado de general, en cambio, recibe USD 4 893 de sueldo jubilar y un suboficial mayor (la jerarquía más alta en la tropa) gana USD 2 349.

No fue el único en hablar de diferencias. Ángel Rivero recordó que en los 80 ingresó a la institución militar como conscripto y vio las desigualdades entre oficiales y tropa. “Este proyecto rompe con esas inequidades que han existido durante muchos años en FF.AA. y Policía”, dijo en los minutos finales de discurso.

Cuando Mae Montaño (Creo) tomó la palabra se escucharon los primeros abucheos desde lo alto del Pleno.

Los seguidores del oficialismo la pifiaron cuando pidió que se archive el texto. Ella dedicó los 10 minutos de su intervención a las implicaciones políticas de este proyecto.

Para la legisladora, el presidente Rafael Correa no busca equidad con estas reformas. “Su interés es demostrarle a las FF.AA. que él es más poderoso que todos. Desea la sumisión absoluta de los militares, no la disciplina ni obediencia”.

Eso provocó nuevamente los gritos desde las gradas. ¿Me permite que sus barras me dejen hablar?, le pidió Montaño a Rivadeneira.

Y entonces vino un nuevo llamado de atención de la Presidenta de la Asamblea.

Montaño insistió que para el segundo análisis del proyecto se cite al máximo jefe de las FF.AA. “Les dieron la oportunidad de votar y ahora les niegan la posibilidad de opinar sobre sus derechos”, cuestionó.

Para la oposición, actualmente hay un evidente ambiente de beligerancia entre el Gobierno y la institución.

El miércoles, el Jefe de Estado tensó esa confrontación. “Tenemos fascismo dentro de nuestras FF.AA. Es hoy o nunca que cambiamos este país; todos unidos a rechazar estas posturas intolerables en la patria democrática”, sostuvo.

De hecho, los discursos que dieron ayer los asambleístas de AP se centraron en las desigualdades entre los uniformados y la población civil.

Paco Fierro, exmilitar y asambleísta de Sociedad Patriótica, cuestionó los planteamientos del oficialismo, que buscan debilitar a FF.AA.

El oficial en retiro explicó por qué los soldados tienen un régimen de seguridad especial, diferente a la de los trabajadores generales. “Nosotros no trabajamos ocho horas. Pasamos tres o cuatro meses metidos en la frontera, patrullando las 24 horas. También sufrimos por los pases. Y los riesgos laborales son distintos”, detalló el exuniformado.

El legislador también recordó que los militares aportan el 23% de su sueldo mensual para el seguro de retiro. Y dijo que un civil solo entrega el 9,45% de su remuneración.

A las 15:48, cuando terminó el debate en el Pleno, Rivadeneira aseguró que ahora viene una segunda etapa: la Comisión de Derechos del Trabajador, donde se analiza el proyecto, recogerá las observaciones de los asambleístas. También dijo que pueden presentar ajustes al texto en los próximos tres días. Así se cerró un debate, al que solo asistió gente afín al oficialismo.

Así es 

En cuanto a los años de servicio, actualmente los uniformados deben cumplir obligatoriamente 20 años en funciones para poder acceder al retiro o jubilación voluntaria.

En cuanto a pensiones, los retiros se calculan con base en el último salario que el militar o policía percibió como activo. No se toma otro monto para promediar.

En cuanto al alza de pensiones, la actual ley establece que las jubilaciones mensuales se elevan solo cuando se incrementan los sueldos del personal activo.

Reforma

Con las reformas que se analizan en este momento, se propone aumentar de 20 a 25 años el servicio. Este requisito regirá únicamente para el personal nuevo.

En la propuesta oficial se dice que el cálculo se hará sobre el promedio de los 60 mejores sueldos. Eso se aplicará gradualmente durante los 5 primeros años de la ley.

Las reformas establecen que las pensiones se incrementarán cada año, según la inflación registrada. Además, se fija un techo máximo para ese aumento: USD 2 013.

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