15 de julio del 2016 00:00

El aporte estatal preocupa a las universidades

La tarde de este jueves 14 de julio del 2016, los estudiantes de la Universidad Andina Simón Bolívar coparon el auditorio de su institución. Foto: Cortesía Universidad Andina

En Asamblea, Jaime Breilh, rector de la Andina, dijo estar preocupado por la autonomía y protestó porque no se puede “condicionar” a la Academia desde el Gobierno. Foto: cortesía Universidad Andina

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Diego Puente
y Mariela Rosero 
sociedad@elcomercio.com (I)

A puertas de que termine el semestre e inicien sus vacaciones, dos universidades públicas de posgrado protagonizarán una manifestación. Un paquete de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) los moviliza.

En el proyecto de reformas que circula, de modo extraoficial, se habla de requisitos para que la U. Andina Simón Bolívar y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), así como las ocho universidades cofinanciadas reciban la transferencia de recursos.

Los alumnos y profesores de la Andina y de la Flacso decidieron, por separado, marchar hoy, a las 11:00, hasta el edificio de la Secretaría Nacional de Educación (Senescyt), en Quito, para rechazar el cambio. Y exigir que Finanzas cancele millonarias deudas.

Mientras los estudiantes debatían, el titular de la Senescyt, René Ramírez, participaba en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, en donde se investiga la relación de las universidades o de sus directivos con paraísos fiscales.

Ramírez confirmó que en 15 días entregará propuestas a la Comisión de Educación, para que se reforme la LOES, vigente desde octubre del 2010. Así se impediría y sancionaría el posible fin de lucro en el que incurrirían varios centros. Entre otros, se incluirá un artículo para que las dos universidades que tienen carácter internacional (Flacso y Andina) cumplan normas nacionales.

Entre las obligaciones están cumplir con el estándar de salarios de la ‘U’ pública. “¿Cómo podemos esperar que un exrector (Enrique Ayala Mora) haya ganado USD 8 000 por dar tres horas de clase semanales? El reglamento dice que tiene que ser a tiempo completo, y el salario máximo es de 6 000”.

Enfatizó que no quieren que las universidades renuncien a su carácter de internacional, pero advirtió que deben cumplir con las normas nacionales. “Cada vez que Contraloría quiere información de la ­Andina, ellos le dicen que debe pedir a Cancillería”.

Esta mañana, en Asamblea, los alumnos de la Flacso decidieron manifestarse. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

Esta mañana, en Asamblea, los alumnos de la Flacso decidieron manifestarse. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

Según el rector de la Andina, Jaime Breilh, el aporte
estatal iría de USD 17 000 000 a 1 170 000 al año. Desde enero, la deuda con ese centro llega a 9 975 000. Para él no se puede “condicionar” a la universidad. En el caso de la Flacso, la deuda es de USD 8 millones.

Las reformas se amplían también a ocho universidades cofinanciadas (privadas que reciben aporte estatal). Ramírez señaló que hay sueldos de rectores de USD 20 000. Este dinero proviene no solo del Estado sino de alumnos que pagarían aranceles “muy altos”.

Para evitar supuestos abusos, se plantea que el Consejo de Educación Superior (CES) resuelva la baja de aranceles hasta del 10% o prohibir un incremento, si se detectase que un centro tiene fines de lucro.

Las reformas también se aplicarán en la entrega de becas en las ocho universidades cofinanciadas, que reciben cada año USD 70 millones del Estado, en total. “Descubrimos que elevaban el nivel de costos (del semestre) y con eso daban menos becas. En estricto rigor, el 2015 se debían dar 27 000 becas y se dieron 14 000”.

Para Ricardo Hidalgo, rector de la UTE, esta reforma puede deberse a un problema de caja fiscal del Gobierno. La suya es una de las ocho cofinanciadas y recibe una asignación estatal de USD
8 millones al año, les deben 4 200 000 en este momento. Su presupuesto anual es de USD 40 millones.

Le preocupan los cambios a la LOES, pues afectarían a sus becarios, el 30% de 12 000 estudiantes presenciales, con becas del 75 al 100%. “Tenemos becarios del Sistema Nacional de Admisión y Nivelación y becas adicionales”.

El efecto lo sentirían todos sus estudiantes, que dice son de una clase socioeconómica media y baja. “Cobramos por matrícula USD 200 y 2 600 en promedio, por semestre”.

¿Cómo le impactaría la reforma? Para cumplir con los requisitos de ese proyecto de ley, deberían pagar a los profesores, según el escalafón de la universidad pública. La brecha está entre los USD 800 y más de 2 000, para unos 600 profesores. “Sería más oneroso someternos a las nuevas reglas”.

Rectores de otras universidades -como la Católica, Salesiana y UTPL- se reunieron el miércoles porque les preocupa el atraso en el pago de aportes estatales. Ellos tienen en total 77 000 estudiantes.

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