19 de febrero de 2015 20:18

La legislación penal castiga el delito, no el anonimato en Internet

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Estefanía Celi R.
Redactora. eceli@elcomercio.com (I)

El debate alrededor de las redes sociales se vuelve a encender después de que se difundieran, por Twitter, supuestas fotos íntimas de Mery Zamora a través de cuentas anónimas. La divulgación de estas imágenes desde usuarios no identificados despertó, por igual, la indignación desde el oficialismo y la oposición.

El ataque a la exdirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) se produjo días después de la polémica mantenida por el Gobierno contra el portal en Facebook de Crudo Ecuador que, desde el anonimato, hace críticas al Presidente de la República.

Las fotos de Zamora son, según ella, montajes. Por eso, la discusión se centra en qué tipo de información puede ser difundida a través de usuarios no identificados. Muchos de ellos, son calificados como trolls (cuentas creadas para el asedio político).

El Régimen insiste en que el problema está en el uso del anonimato y por ello retoma los argumentos con los que cuestionó a Crudo Ecuador. Ayer el vocero de la Secretaría de Comunicación (Secom), Stefano Iannuzzelli, leyó un comunicado con la posición del Gobierno. “El uso de la clandestinidad y el anonimato para desprestigiar la honra de las personas, para atacar sus valores y principios, para inmiscuirse en la vida privada de cada uno, no debe ser tolerado por nadie”.

La diferencia entre Crudo Ecuador y en el caso de Zamora radica en el tipo de información que se está difundiendo. Es la opinión de Santiago Guarderas, decano de Jurisprudencia de la Universidad Católica. “El primer caso es una crítica a un funcionario público; el segundo, es la divulgación de información privada de una persona que no ostenta ningún puesto en el Estado”.

Mery Zamora acudió ayer normalmente a clases, en la escuela Lorenzo Luzuriaga. Foto: Patricio Ramos / El Comercio.

Mery Zamora acudió normalmente a clases, en la escuela Lorenzo Luzuriaga. Foto: Patricio Ramos / El Comercio.

Guarderas recuerda que para la Corte Interamericana de DD.HH. hay una diferente escala de protección para quienes han accedido voluntariamente al servicio público, pues deben estar sujetos a las críticas de los ciudadanos a su gestión. “Lo que no se puede es calumniar ni a afectar la honra de una persona, que es lo que se ha hecho con Zamora”.

El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 396, sanciona con cárcel de 15 a 30 días a la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra. 

Justamente, en la comisión de un delito está el límite con el que puede actuar un usuario no identificado en Internet. Según Alfredo Velazco, de Usuarios Digitales, la difusión de fotos personales incurriría en infracciones no solo en materia penal sino también de las leyes de Comunicación y de Telecomunicaciones.

El asambleísta Mauro Andino (Alianza País) cree que estos dos episodios más que motivar un debate sobre el control a las redes deben impulsar “la construcción de una cultura de respeto al ser humano”.

El informe Libertad de Expresión e Internet, publicado en el 2014 por la Comisión Interamericana de DD.HH., señala que el derecho al anonimato no resguarda cualquier tipo de información, como la propaganda a favor de la guerra o la incitación al genocidio, entre otras. Por ello, concluye que en estos casos el anonimato sí tiene consecuencias jurídicas. 

En ese sentido, para Velazco, más que cuestionar el anonimato, se debe definir si, a través de él, gira o no un delito. “Sobre Crudo Ecuador el mismo Presidente, en una sabatina, dijo que no había delito. En el caso de Zamora, aparentemente sí lo hay. Me sorprende que las autoridades, tan preparadas, insistan en que el problema está en el anonimato”, dice.

Zamora aún no sabe si interpondrá una denuncia contra quienes divulgaron las fotos. Ayer fue a dar clases en la escuela fiscal Lorenzo Luzuriaga, en El Limón (Portoviejo).
“Aquí hay un linchamiento que no ha escatimado esfuerzo alguno en grandes sabatinas y en grandes cadenas de televisión”, dice. La Fiscalía General anunció ayer una investigación sobre este caso.

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