Redacción Judicial
La Comisión de Angostura reconoció que parte de la documentación que recibió sobre el caso no fue corroborada. Este es el caso del anexo K del informe que fue presentado la semana pasada.
El trabajo de la Comisión se inició en abril pasado, para determinar los hechos en torno al bombardeo colombiano a una base ilegal de las FARC, en Angostura.
Luego de casi ocho meses de trabajo, se presentó un reporte que ha sido cuestionado por unos y defendido por otros.
Como parte de los anexos del reporte se detalla un supuesto análisis financiero de las cuentas de los ex miembros de la eliminada Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES): mayor Manuel Silva, capitanes Guido Núñez, Antonio Hadathy y Francisco Saavedra. Y del jefe de la Unidad de Inteligencia de la Presidencia, Rommy Vallejo.
En el documento se señala que “los bienes inmuebles y el nivel de consumo no es consecuente con el nivel de ingresos y económico de un miembro de la Policía en servicio activo”.
No obstante, según el reporte, solamente se hallaron irregularidades en las cuentas de Saavedra y de Vallejo, a quienes se investigó hasta el manejo financiero de sus esposas.
Incluso, en el capítulo de Vallejo se dice que su cónyuge tiene dos supuestos testaferros, quienes tienen depósitos en sus cuentas por más de USD 1,5 millones, entre 2004 y 2009.
Pero el Jefe de Seguridad de la Presidencia niega el supuesto testaferrismo (ver entrevista).
Para los agentes señalados, lo más preocupante es cómo se obtuvo la información financiera. Según un agente, los datos no salieron de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de investigar el manejo financiero.
“Yo hablé con el Director del UIF y él negó que desde su Unidad hayan salido los datos. No han hecho ninguna investigación ni han entregado ningún documento”, manifestó el oficial.
Silva, ex jefe de la UIES, insiste en que se debe aclarar cómo llegó esta información a la Comisión de Transparencia. “No tengo problema que investiguen mis cuentas. De hecho, cuando me dieron de baja de la Policía yo tuve que presentar una declaración juramentada de mis bienes. Mi esposa trabaja desde hace 23 años en instituciones financieras y yo estuve 22 años en la Policía”.
El coordinador de la Comisión, Francisco Huerta, señaló que los documentos que conforman el anexo K constaban “en la documentación que nos entregaron vía Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa”.
El titular de esa Cartera, Miguel Carvajal, reconoce que se entregaron esos datos a la Comisión, pero asegura que lo hicieron “como un insumo para su verificación, no como una verdad”.
Él dice que desconoce el origen de la información. “Nos fue entregada como mucha otra información, anónimamente. Por eso solo le entregamos los datos para que se investigue a profundidad”.
Huerta admite que el análisis de cuentas no fue corroborado. “Tampoco teníamos que dejar de incluirlo, simplemente que los imputados se defiendan”.
Según Silva, el grupo envió una carta a la Superintendencia de Bancos para que le entregue información confidencial y revise las cuentas de los oficiales nombrados. “¿Cómo un Ministerio puede hacer eco de un anónimo y mandarlo a la Comisión de Angostura para que lo publique como que fuese una verdad?”, cuestionó uno de los oficiales, quien analiza entablar una demanda.
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