La forma cómo el Estado ecuatoriano ha tratado los DD.HH. de los indígenas del Yasuní está en entredicho.
Técnicos del Ministerio de Justicia determinaron que en Armadillo, al oeste del Yasuní, no hay indígenas no contactados tagaeri y taromenane. Armadillo es una zona con registros documentados de ataques taromenane: hasta 2009 hubo madereros lanceados.
Armadillo aparecía en un cartograma del Plan de Medidas Cautelares como área de influencia taromenane, pero fue suprimida del mapa que Justicia llevó a la Asamblea, en los días en que se aprobaba la explotación petrolera del ITT.
Desde este 2014, la estatal Petroamazonas opera en la plataforma Armadillo, el Bloque 55. El proyecto es construir una plataforma adicional, perforar 12 pozos. ¿Qué pasó con los taromenane? ¿Se replegaron a la zona intangible, cercada por petroleras en Ecuador y Perú? ¿Fueron eliminados?
Armadillo guarda una de las dudas no aclaradas por el Estado respecto a los pueblos ocultos. Asimismo, faltan respuestas por la masacre taromenane del 30 de marzo del 2013, en el Bloque 16. Solo seis meses más tarde la Fiscalía reconoció el lugar de los hechos. Se detuvo a indígenas waorani para liberarlos luego de casi 10 meses.
Ahora, un burócrata culpa de la captura de los wao a los autores del libro ‘Una tragedia ocultada’. ¿Y el Estado? En el libro, el capuchino Miguel Ángel Cabodevilla develó lo que otros negaban: la masacre en el Yasuní de pueblos no contactados. ¿Se pretende acallarlo?
El Estado está en la mira. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de admitir una demanda contra Ecuador por la masacre, impune, de indígenas no contactados en el 2003.
Ala CIDH le inquieta si lo ocurrido 10 años después solo evidencia la falta de protección. Investigará la responsabilidad internacional del Estado por la acción u omisión en la violación de derechos de los tagaeri y taromenane. No, este ya no es solo un pedido de medidas cautelares, como para tener afilada la soberbia.