3 de abril de 2017 00:00

A un año de los Panama Papers, Ecuador todavía no puede repatriar el dinero

Carlos Pareja Yannuzzelli es buscado por la Interpol (Policía internacional) por ser parte del entramado de millonarios sobornos en la estatal Petroecuador. Foto: EL COMERCIO

Carlos Pareja Y. Se lo relaciona con la ‘offshore’ Capaya. Tiene juicios por cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, etc. Está prófugo. Foto: EL COMERCIO

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Javier Ortega R. (I)
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Por ahora solo está levantada una base de datos. El Servicio de Rentas Internas (SRI) sabe que hay 20 288 funcionarios públicos que movieron 14,6 millones hacia paraísos fiscales; principalmente a Panamá, Luxemburgo, Puerto Rico, Andorra, San Vicente y Chipre.

A un año de la filtración de los Papeles de Panamá (la investigación que reveló dinero oculto de al menos 140 personajes públicos mundiales en ese país), el Gobierno ecuatoriano aún busca mecanismos legales para repatriar el dinero.

El primer paso se dio el 19 de febrero pasado, con la consulta popular. Desde entonces, la Comisión de Justicia de la Asamblea analiza un proyecto de ley que permitiría traer el dinero de los funcionarios públicos y prohibir que estos vuelvan a activar cuentas o compañías en paraísos fiscales.

El texto, que fue enviado por el Ejecutivo, tiene cinco artículos, siete disposiciones reformatorias y una derogatoria.

Hasta el momento, la Comisión de Justicia se ha reunido tres veces para debatir el documento y ya hay una fecha límite propuesta para que el dinero sea repatriado o las cuentas cerradas: el 6 de marzo del 2018.

De no cumplir con esa disposición, los funcionarios serán despedidos, según el proyecto.

¿Pero qué ha sucedido en el mundo luego de un año de la revelación de los Papeles de Panamá? El Centro de Integridad Pública, un grupo estadounidense sin fines de lucro, advierte que actualmente existen al menos 150 investigaciones activas en 79 países.

Sin embargo, en estos 12 meses solo han trascendido las renuncias del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; del presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau; y de Juan Damiani, integrante de la Comisión de Ética de la FIFA.

La semana pasada, en cambio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reconoció que los Papeles de Panamá sirvieron para “dar un empujón” a la lucha contra la evasión fiscal, pues ahora las naciones debaten sobre los alcances del secreto bancario y el intercambio automático de información.

En Ecuador, por lo pronto, apuran el debate del proyecto de ley. El viernes, Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, dijo a EL COMERCIO que la idea es aprobar el texto hasta antes del 3 de mayo, cuando concluye la gestión de la actual Legislatura, pero, de no ser posible, al menos se dejará listo el informe para primer debate.

De aprobarse el texto tal como está, ¿qué tan factible es que los empleados públicos traigan el dinero? Napoleón Santamaría, director de una oficina de asesoría tributaria, no lo ve posible.

“Seguramente, en sus declaraciones patrimoniales, estas personas no incluyeron el dinero que tenían en paraísos fiscales. Y si deciden traer sus inversiones, caerían en un aumento injustificado”, dice.

Luis Fernando Torres, integrante de la Comisión de Justicia, en cambio, advierte que el proyecto está mal diseñado, pues solo se prohíbe que los funcionarios posean dinero o cuentas en paraísos fiscales. “La inversión la pueden trasladar a otro lugar que no esté en esa lista”, explica.

Paralelo a la indagación del SRI, en este primer año la Fiscalía abrió 24 procesos judiciales. Entre los indagados están Álex Bravo, Carlos Pareja Yannuzzelli y Pedro Merizalde, exgerentes de la estatal petrolera.

24 procesos penales hay en el país

Álex Bravo p.
Exgerente de Petroecuador. Apareció en los PP como beneficiario de la empresa Girbra. Está detenido desde mayo del 2016. Tiene 4 juicios.

Galo Enríquez
Embajador en Panamá. Creó una empresa en el 2008, en las Islas Vírgenes, pero no la declaró en el 2012, cuando se vinculó a la función pública.

Pedro Merizalde
El mes pasado renunció a la Gerencia de Petroecuador. Se lo indaga por perjurio y lavado de activos. Dijo que su ‘offshore’ no generó recursos.

Galo Chiriboga
Es el actual Fiscal General del Estado. Apareció como representante de la ‘offshore’ Madrigal Finance Corp, pero no reportó movimientos.

Arturo Escobar
Está relacionado con la ‘offshore’ Escart. Fue asesor de Carlos Pareja Yannuzzelli en Petroecuador. Está prófugo. Reside en EE.UU.

Pedro L. M.
Ejercía la Gerencia de Celec EP y según los Papeles de Panamá aparece como beneficiario de la empresa Rosecliff Holdings PromotionCorp.

Marcelo R. L. 
Excoordinador general jurídico de Petroecuador. Se lo vincula con la compañía Inversiones R.E.L.P. Inc., donde su esposa es presidenta y directora.

Juan V. A.
Se desempeñó como técnico de presupuesto y control de la Corporación Financiera Nacional. Está relacionado con la ‘offshore’ Magson Corp.

Juan V. A.
Este funcionario ocupó la subgerencia nacional de servicios generales de la Corporación Financiera Nacional. Tiene vínculo con Magson Corp.

Esteban U.C. 
Según la Comisión de Justicia, fue asesor de Gerencia en El Telégrafo EP. Aparece como beneficiario de la empresa Edgecliff Internacional.

María Belén C.M.
Se desempeñó como jefa de Contratos de Petroamazonas y según los Papeles de Panamá se la relaciona con la compañía Losange Inc.

René V. C.
La Comisión de Justicia señaló que era asesor de gestión pública en la Prefectura del Guayas. Se lo vincula con la ‘offshore’ Ayley Capital.

Siete funcionarios
La Comisión de Justicia también relacionó a siete empleados de Petroecuador con Álex Bravo y pidió que se los investigara.

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