25 de julio de 2016 00:00

Seis artículos de la ley de seguridad social de la Policía son analizados

Imagen referencial. 12 589 agentes en el país recibían la pensión de retiro en 2014. La Asamblea analiza reformas. Foto: María Isabel Valarezo/ EL COMERCIO.

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Fernando Medina

Los cambios también se extienden a la Policía. La Comisión de Derechos del Trabajador de la Asamblea Nacional analizará seis artículos de la Ley de Seguridad Social de esa institución. El proyecto del Ejecutivo plantea reformas en la pensión de retiro y en los años de servicio de ­policías y militares.

Pero al contrario de los soldados, los agentes retirados no han protagonizado concentraciones a favor ni en contra de las reformas.

Hasta hace dos años, 12 589 uniformados (r), entre oficiales y tropa, cobraban una pensión a escala nacional.

Pedro Álvarez preside la Asociación de policías retirados de Guayas, una agrupación con 5 000 socios. El viernes (22 de julio de 2016), en una entrevista con este Diario, dijo que son “cautelosos” y que no se pronunciarán hasta conocer al detalle el proyecto.

Solo tras un estudio podrán afirmar si los cambios les “perjudica o beneficia”, dice Álvarez. De hecho, aún esperan que el Ministerio del Interior les remita el proyecto que fue entregado en la Asamblea el 18 de julio.

Para esta semana tienen previsto solicitar una cita con José Serrano, titular de esa Secretaría, para conocer a fondo las reformas. Además, convocarán a los afiliados y analizarán el tema.

Entre los policías en servicio activo también hay incertidumbre por la propuesta del Gobierno. Altos oficiales confirmaron que en un principio hubo cuestionamientos de los agentes.

¿La razón? A los uniformados les preocupó la reacción negativa de los militares al proyecto, pues se plantea un régimen similar para las dos instituciones.

Por eso, el comandante General de la Policía, Diego Mejía, se comunicó con las unidades policiales a través de una videoconferencia. Allí anunció que las pensiones y las cesantías se mantendrían igual y que los cambios serían aplicados para el personal nuevo.

Actualmente, los agentes deben cumplir 20 años de servicio para solicitar la baja voluntaria de la institución. El proyecto propone que el período mínimo sea 25 años.

Además, el máximo jefe de la Policía garantizó a los uniformados que de darse algún cambio en las pensiones, los beneficiaría. Y aclaró que los cinco años que se adicionarían únicamente aplicarán para el personal que ingrese a la institución después de que la ley se apruebe.

Pero los policías pasivos admiten estar también preo­cupados, sobre todo por los montos de las pensiones, pues aseguran que hay reclamos de compañeros que dicen recibir rubros “bajos”.

En la reforma se establece que los aumentos de las pensiones serán anuales, “en la misma proporción” que fija la ley de seguridad social para los trabajadores en general.

En la actualidad eso no ocurre. Según la legislación vigente, el aumento de pensiones solo se da cuando el sueldo de los uniformados en servicio activo sube.

Pero en las reformas también se aclara que el monto solo podrá crecer hasta el máximo establecido para un trabajador que está dentro de la seguridad social general (hoy en USD 2 013).

Este Diario solicitó al Ministerio del Interior y al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) los rubros específicos que percibe actualmente cada miembro pasivo, tanto de tropa como oficiales, pero no hubo respuesta.

Sin embargo, una investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, publicada en noviembre del 2015, revela que un coronel (oficial) con 35 años de servicio recibe USD 3 045 de pensión. Mientras que un suboficial primero (tropa), con el mismo tiempo de activo, gana USD 1 445.

La Comisión de Derechos del Trabajador planifica una serie de comparecencias de autoridades policiales y de asociaciones en servicio pasivo. La idea es conocer sus observaciones al proyecto.

Militares retirados prevén ir a esa mesa legislativa. La aprobación de estas reformas podría darse en un tiempo aproximado de 90 días.

El presidente Rafael Correa ha mencionado que también debe reformarse el sistema de cesantías. Según el Primer Mandatario, existe desigualdad entre oficiales y tropa. Sin embargo, ese tema aún se estudia con mayor profundidad.

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