28 de julio de 2016 15:46

Amnistía Internacional considera 'indignante' archivar las denuncias por esterilizaciones forzadas en Perú

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Agencia EFE

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en Perú, Marina Navarro, consideró hoy, 28 de julio del 2016, "indignante" la decisión de una fiscal peruana de archivar el pedido de denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori y varias de las autoridades de salud de su Gobierno por esterilizaciones forzadas.

"Es indignante que una grave violación a los derechos humanos, protegidos en normas de las cuales el Perú es parte, quede impune", señaló Navarro en un comunicado.

La representante de AI aseguró que "miles de víctimas de esterilizaciones forzadas han visto truncada su esperanza de obtener justicia a pesar de la existencia de sólidos indicios de que el personal médico que aplicó los programas de planificación familiar recibía presiones para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en muchos de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado".

"En más de una oportunidad Amnistía Internacional pidió a la fiscal que denunciara a toda persona que haya participado de estas graves violaciones a los derechos humanos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares", concluyó.

La fiscal Marcelita Gutiérrez, quien tuvo a su cargo las indagaciones sobre el caso, consideró el miércoles que el exmandatario y sus ministros no cometieron delitos de lesa humanidad ni autoría mediata (con dominio del hecho), por lo que decidió "no a lugar a formalizar denuncia penal" contra estos.
Ya en enero de 2014, el fiscal Marco Guzmán Baca había exculpado a Fujimori de tener responsabilidad en este caso.

Tras conocerse la decisión, el abogado de las víctimas, Carlos Rivera, declaró que aún no había sido notificado, aunque anunció que la próxima semana presentará una apelación.

La presidenta de la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba (AMHBA) y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, Esperanza Huayama, también manifestó su sorpresa por la decisión.

"La semana pasada nos reunimos con la fiscal Marcelita Gutiérrez, allí le dijimos que este delito tenía culpables, que eran el señor Fujimori y sus ministros, y ahora archiva porque dice que no hay pruebas, cómo puede hacernos esto a miles de mujeres que estamos sufriendo por nuestra salud y muriendo?. Nosotras rechazamos este resultado", afirmó hoy Huayama en un comunicado.

La representante del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC) Josefa Ramírez señaló que con el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, "el Estado peruano ha reconocido la condición de víctimas de esterilización forzada a las mujeres afectadas".

Las organizaciones confirmaron que apelarán la decisión fiscal "pues existen claras evidencias de que las esterilizaciones forzadas fueron una práctica sistemática y generalizada, que formó parte de una política pública aplicada a un sector de la población de mujeres: andinas, rurales, quechuas, aimaras, de la selva, que fue dirigida por Fujimori y sus ministros de salud".

"El racismo, el clasismo y las violencias contra las mujeres indígenas y el casi nulo reconocimiento de su condición de ciudadanía y de sujetas de derecho se hacen evidentes con este nuevo archivamiento que protege nuevamente con la impunidad a los principales perpetradores", concluyeron.

Durante el Gobierno de Fujimori se esterilizó a 272 028 mujeres y a 22 004 hombres, casi en su totalidad pobres, quechuahablantes y de zonas rurales, según el organismo Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).

De esa cantidad, 2 074 mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento, según cifras de las ONG.

Los casos de esterilizaciones forzadas se denunciaron a partir del segundo Gobierno de Fujimori, entre 1995 y 2000, y un grupo de víctimas estaba a la expectativa de que la Fiscalía abra una investigación contra el exmandatario por esta denuncia.

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