21 de octubre de 2015 16:42

Amnistía pide a Perú un registro de víctimas de esterilizaciones forzadas

El expresidente Alberto Fujimori saluda durante el dictado de sentencia en su contra.

El expresidente Alberto Fujimori ha enfrentado diversos juicios luego de su mandato. Foto: Archivo / Agencias

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Agencia EFE

La organización Amnistía Internacional y una asociación de mujeres peruanas que dicen haber sido esterilizadas sin su consentimiento durante el gobierno de Alberto Fujimori (1999-2000) solicitaron el miércoles 21 de octubre al Estado peruano elaborar un registro de víctimas con vistas a que sean indemnizadas.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, instó al Gobierno peruano en una conferencia de prensa a establecer un sistema de reparaciones que permita indemnizar "una de las violaciones más graves a los derechos humanos de los últimos tiempos". Guevara-Rosas lamentó que la investigación de la Fiscalía de Perú "ni siquiera está cerca de cerrarse" trece años después de se interpusiera la primera denuncia y afirmó que esa circunstancia hace que el Estado "revictimice" a los afectados, que "siguen sin encontrar justicia".

En la conferencia de prensa también participó la directora de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, que representa a algunas víctimas, y la presidenta de la Asociación de Mujeres de Huancabamba, Esperanza Huayama, que reúne a 204 afectadas. Navarro indicó que "gran parte de las mujeres afectadas son indígenas y campesinas de bajos recursos, la mayoría de ellas quechua hablantes, cuya salud se vio afectada y deteriorada como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos a los que fueron sometidas sin ser debidamente informadas".

Esperanza Huayama relató a Efe que perdió el hijo que esperaba después de haber sido esterilizada forzosamente junto a un centenar de mujeres de su localidad, por parte de un grupo de médicos que nunca se identificaron y que les prometieron alimentos y medicinas. "No sabía qué nos iban a hacer. Después de adormecerme con anestesia se dieron cuenta que estaba embarazada y yo les pedí que no me sacaran a mi hijo. Luego me desperté con un tremendo dolor y me habían dejado en una cama con otra mujer porque éramos demasiadas. Nos trataron como animales", afirmó.

La campesina procedente de la región de Piura, fronteriza con Ecuador, aseguró que una de sus compañeras falleció ese día porque le rompieron la vejiga y que otras fueron posteriormente abandonadas por sus maridos porque quedaron enfermas, con dolores e impedidas de trabajar en el campo. "Yo ya no puedo hacer fuerza. Se me hincha la barriga y no puedo estar en el campo. La espalda me duele. Por eso pedimos justicia y reparación", añadió.

Carlos Rivera opinó que la Fiscalía debe acelerar la investigación para que pase a juicio e impedir así que vuelva a ser archivada si surte efecto un recurso de amparo que el exministro de Salud Marino Costa pretende interponer bajo el argumento de que su presunción de inocencia está vulnerada por un exceso de años en condición de investigado.

La investigación de las esterilizaciones forzadas se encuentra actualmente a cargo de fiscal supraprovincial de Lima, Marcelita Gutiérrez, y abarca las denuncias de 2 074 personas, pero existen más afectados, como las mujeres de Huancabamba, que no están incluidas, indicó Rivera.

La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías entre 1996 y 2001, pero se desconoce cuántas se ejercieron mediante presuntos engaños y coacciones.

En mayo pasado el fiscal superior penal Luis Landa ordenó revocar una decisión tomada en enero de archivar el caso después de que fuera reabierto en junio de 2013 en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.

El caso había sido archivado en mayo de 2009 con el argumento de que no se había encontrado indicios criminales en los investigados por las irregularidades cometidas durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.

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