Amnistía Internacional (AI) condenó hoy, 3 de febrero del 2016, las medidas “de mano dura” que aplica el Gobierno francés a raíz de los atentados de París de noviembre pasado por “pisotear” los derechos de los ciudadanos.
En un comunicado, AI denuncia que los más de 3 000 registros nocturnos en viviendas de particulares y las más de 400 órdenes de reasignación de residencia dejaron a los afectados “traumatizados” y “estigmatizados” y, en algunos casos, provocaron que “perdieran su trabajo“.
La organización defensora de los derechos humanos ha llevado a cabo una investigación en Francia, en la que la mayoría de las personas que entrevistó señalaron que estas incursiones se realizaron a la fuerza y con poca o ninguna información sobre por qué suponen una amenaza para la seguridad del país.
El director de AI en Asia Central y Europa, Jonh Dalhuisen, afirma que, desde que se impuso el estado de emergencia tras los atentados en París y sus alrededores por parte del Daesh (acrónimo en árabe del yihadista Estado Islámico), con 130 muertos y más de 300 heridos, las medidas “han provocado violaciones de derechos humanos”.
“Será difícil ver cómo las autoridades francesas pueden argumentar que están dando una respuesta proporcionada a la amenazas a las que tienen que hacer frente”, remarca.
Uno de los afectados relató a AI que, si bien nunca le abrieron un expediente criminal, perdió el trabajo y parte de sus ahorros en tasas legales, después de que la policía le dijera que registraba su casa porque era un terrorista radical y se le obligara a no abandonar la ciudad.
Los afectados, para quienes estas acciones se realizan de forma indiscriminada sobre todo contra musulmanes, cuestionan que los registros se basen más en prácticas y creencias religiosas que en evidencias o sospechas.
AI asegura que las autoridades francesas han cerrado varias mezquitas, a pesar de que en algunos casos los informes policiales apuntaban a que no había “elementos que justificasen el inicio de una investigación”.
De los 3 242 registros nocturnos llevados a cabo el mes pasado, cuatro dieron como resultado que había relación con actividades terroristas y veintiuno siguieron adelante bajo la premisa de apología del terrorismo.
“El Gobierno francés debe demostrar que todavía existe un estado, de emergencia, a la vez que debe velar por la protección (de los ciudadanos) para prevenir un uso abusivo, desproporcionado y discriminatorio de estas medidas”, subraya AI.