16 de November de 2009 00:00

La amnistía a un ambientalista acusado de violación se revisará

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Redacción Judicial


La Asamblea Nacional concedió una amnistía especial a un hombre acusado por violación.


16 años
es la condena por violación que se impuso al ambientalista  Floresmilo Villalta.

Se trata de Floresmilo Villalta, un reconocido líder ambientalista en el sector Las Golondrinas, provincia de Esmeraldas.

Él supuestamente abusó de  Jenny G., una adolescente de 12 años y por ello  fue condenado a 16 años de prisión por el Juzgado Cuarto de Pichincha, el 16 de octubre de 2006.

En el fallo se establece que el ambientalista raptó a la pequeña y la trasladó vía terrestre desde Las Golondrinas, hasta Quito. Supuestamente para  ayudarla en el trámite para la obtención de su  cédula de identidad.

Pero  cuando llegaron a la ciudad la  llevó hasta un hotel y “la violó varias veces a pesar de los ruegos y del llanto de la menor”, .
 
Antes de regresar a Esmeraldas, la  habría amenazado de muerte si llegaba a confesar lo ocurrido. Días después, la pequeña habló con una amiga y ella, a su vez, puso en alerta a un familiar.
 
El tío de Jenny G. presentó una denuncia formal el 15 de octubre de 2005  y luego de la investigación que hizo la Fiscalía, el Juzgado Cuarto de Pichincha estableció que “no hay ninguna duda en cuanto a la culpabilidad”.

Villalta fue recluido, pero el 7 de octubre de 2009 la Corte Constitucional consideró procedente la amnistía. Lo hizo con base al documento que la  Asamblea emitió el 14 de marzo de 2008.

El artículo 1 establece  “conceder amnistía general para los procesos penales... vinculadas a las acciones de resistencia y protesta que ciudadanos han llevado adelante en la defensa de sus comunidades y de su naturaleza”.

Pero “¿qué tiene que ver esto con un caso de violación?” reclama la abogada defensora de la menor, María Paulina Araujo. “La amnistía perdonó delitos vinculados al medioambiente y aquí estamos frente a un caso de violación a una menor”.

Villalta dijo en sus declaraciones ante la Fiscalía que la denuncia en su contra fue una retaliación de una empresa maderera que opera en Las Golondrinas. La   enfrentó porque realizaba actividades extractivas en una zona considerada como Patrimonio Forestal del Estado.

El 23 de junio  de 1998, esta empresa logró que el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) entregue 3 400 hectáreas de bosque del Patrimonio del Estado para su explotación. Este espacio era habitado por la comunidad en donde residía Floresmilo Villalta.

Sus habitantes decidieron organizarse y crearon la agrupación Ecuador Libre. Interpusieron un recurso de amparo Constitucional en el Juzgado Segundo de lo Civil de Pichincha, pero fue negado.

Luego, apelaron el fallo ante el ex Tribunal Constitucional y este organismo concedió el recurso. La resolución estableció la devolución del bosque al Estado y  Ecuador Libre impulsó proyectos de conservación.

Desde entonces, Julio César Sarango,  abogado de Villalta, dice que su defendido fue perseguido por  la empresa maderera. “Ellos incluso asesinaron a uno de sus hijos. Creemos que  la maderera financia esta acusación”.

Esto lo desmintió la abogada de la menor. Dijo que lleva el caso sin cobrar por sus servicios.

Hay otro nexo entre la maderera y el caso Villalta. El relacionador público que  entregó información sobre  la violación a la menor, en anteriores ocasiones ha proporcionado datos institucionales a la prensa sobre  la firma maderera.

 Según Sarango, la Asamblea hizo una investigación detallada antes de emitir la amnistía y hallaron una relación directa con la firma. 

“Jenny G., y su padre, incluso dieron declaraciones en una radio de Quito y dijeron que no fue violada. Que les ofrecieron dinero. Pero la Fiscalía no admitió la declaración de la menor”.

Araujo, de su lado, sostiene que la menor fue presionada a dar ese testimonio  y que un examen psicológico de la Fiscalía determinó que tenía un ‘shock’ emocional por lo ocurrido. “En esas circunstancias la niña  pudo ser fácilmente manipulada. Se ve que es una persona (Villalta) que maneja mucho poder en las organizaciones ambientalistas”.
  
Incluso trascendió que era un integrante de la ONG, Acción Ecológica. Pero su coordinadora, Ivonne Ramos, dijo que no es parte de la agrupación. Aunque sí reconoció que apoyaron al movimiento Ecuador Libre, en la lucha contra la explotación del bosque  considerado patrimonio nacional. “Así como hemos apoyado a las organizaciones que defienden los derechos humanos y el medioambiente”.
     
El 8 de octubre de 2008, Cecilia Chérrez, de acción ecológica, envió una carta   a la Corte Constitucional en la cual  manifiesta su apoyo a la decisión de conceder  una  amnistía a  ecologistas y refiere el caso de  Villalta.
    
El viernes, el asambleísta César Rodríguez, miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea ,  solicitó a Patricio Pazmiño, titular  de la Corte Constitucional, una copia de  la grabación magnetofónica y del acta de la sesión en la que se  concedió la  amnistía al hombre.

“La Asamblea Constituyente no ha conferido amnistía alguna por delitos sexuales”, señaló  Rodríguez. “Es una cuestión que exige explicaciones inmediatas en todos los niveles de la responsabilidad pública y jurídica”.

Al abogado de Villalta le sorprendieron las palabras del legislador, pues asegura que él aprobó la amnistía y que sabía del caso.

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