No solo la formación profesional ni los títulos de cuarto nivel constituyen una garantía para el ejercicio de un cargo o función.Se ha visto en la historia reciente cuántos graduados en prestigiosas universidades del exterior ejercieron el poder y fracasaron, hasta tener que abandonar el país y autoexiliarse, corridos y con cuentas pendientes con la justicia. Los títulos son importantes y necesarios pero no es todo. Primero debe exhibirse y sostenerse la formación ciudadana ética y moral y también los antecedentes laborales.Qué se saca con personas que conocen su profesión si en la formación personal y las funciones ejercidas fracasaron en la defensa del interés general y del bien común. Por tanto, ¿se puede defender a quienes han sido parte del pasado de corrupción, de la que se dice combatir? De estos hay casos que con el cambio de administraciones se acomodaron y llegaron a ocupar cargos de alto nivel, unos ganando concursos pero luego usaron el poder con inescrupulosidad, prepotencia y arrogancia para beneficio personal y familiar, con la protección de amigos y aduladores. Pasaron de la pobreza al usufructo de bienes carísimos, que no es delito si su adquisición fue lícita.Los parientes no se escogen y no se los puede negar hasta la muerte. Los amigos se escogen en la vida y se pueden terminar si hay voluntad para ello cuando se descubren los hechos. Lo grave está en defender a ciegas, ejerciendo el poder y sin escuchar a propios y peor a extraños, con el argumento de la lealtad, aunque sus antecedentes y acciones sean nefastos. Se pone las manos al fuego sin revisar el ‘récord’ de vida, por el hecho de haber sido compañeros, amigos o conocidos, sin saber que han sido parte de la crisis bancaria, que encubrieron a quienes aún tienen cuentas pendientes con la justicia y trabajaron en administraciones cuestionadas. Basta revisar los documentos y la historia reciente para desasnarse en lugar de obnubilarse en su defensa. Se han trastrocado los valores porque esto no es probidad notoria. Defender a los leales que estuvieron presos por delitos flagrantes (a quienes la Policía les encontró con maletas de billetes y quisieron comerse las pruebas del delito, lo que consta en el proceso) pero que por negligencia en la administración de justicia caducaron las órdenes de prisión o reclusión y salieron libres, en medio del silencio cómplice de los amigos. Defender a estos actores no le hace bien a una administración, cualquiera que sea, porque tarde o temprano se derrumban los castillos, se reivindican los hechos y mientras más alto estén más dura será la caída porque el poder es efímero, no eterno, y si los amarres entre amigos les salva políticamente, la historia les juzgará porque hicieron lo mismo del pasado y el combate a la corrupción resultó otro cuento.