29 de agosto de 2017 23:35

Amenazas e intimidación a fiscales que indagan corrupción en Panamá

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Agencia EFE

La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, denunció este martes 29 de agosto de 2017 que los fiscales que investigan sonados casos de corrupción y blanqueo de capitales que se dieron en la anterior Gobierno están siendo amenazados por poderes económicos y políticos con la intención que estas indagaciones no prosperen.

En una alocución televisada, Porcell destacó que "hay poderes económicos, políticos, empresariales, mediáticos y de la banca, tratando de impedir que las investigaciones puedan ser concluidas", lo que, aseguró, "no pueden controlar las fiscalías".

"Los fiscales solo pedimos que se nos permita investigar y que en un juicio frente a todo el país se debata la responsabilidad de los involucrados", añadió.

La jefa del Ministerio Público reconoció que las investigaciones que adelanta esta entidad sobre corrupción y blanqueo de capitales son "complejas" y "difíciles", por lo cual, resaltó, el no permitir que los fiscales las puedan concluir es "trabajar por impunidad" y "el pueblo no se lo merece".

Remarcó que el Ministerio Público desarrolla "investigaciones históricas de corrupción que nunca antes este país se imaginaria podrían realizarse".

En estas pesquisas, dijo, se está descubriendo "una estructura de criminalidad organizada que se llevó el dinero del pueblo panameño", lo cual, reiteró, "ha traído como consecuencia que los fiscales estemos siendo amenazados e intimidados".

En este sentido, según la fiscal general, "la lucha que se lleva a cabo en la persecución del delito y la ubicación de sus autores y partícipes, se está convirtiendo metafóricamente" en la "del dinero versus la justicia".

El Ministerio Publico de Panamá (MP) adelanta desde el 2014 un sinnúmero de investigaciones sobre sonados casos de corruptelas que supuestamente se dieron durante la Administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Las investigaciones han alcanzado a casi todo gabinete de Martinelli, la mayoría de los cuales han pisado cárcel preventivamente o tienen medidas cautelares de prisión domiciliaria y prohibición de salir del país.

A la lista de exfuncionarios se le suman decenas de empresarios y bancos cuyos nombres son celosamente guardados por el "secreto de sumario".

El propio expresidente Martinelli está a la espera de que este jueves un juez en Miami (EE.UU.), donde está detenido, decida su extradición o no a Panamá para que comparezca por un caso de supuestas escuchas ilegales durante su mandato.

El exgobernante, que es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), tiene una decena de causas penales en su contra en la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

El MP también investiga a sus hijos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, vinculados a la investigación por Odebrecht y contra quienes existe una "alerta roja" en Interpol.

Por su parte, José Domingo Arias, excandidato presidencial del partido de Ricardo Martinelli, fue retenido hoy en el Aeropuerto de Tocumen cuando iba a viajar sin notificarlo al MP que le indaga por supuestamente recibir dinero de Odebrecht para su campaña política.

La Fiscalía panameña dijo a mediados de año que tiene abiertas 24 investigaciones en torno a Odebrecht con al menos 36 imputados. La dimensión del escándalo se conoció a fines de 2016, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que Odebrecht admitió haber pagado USD 788 millones en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, 59 millones de los cuales fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014.

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