27 de septiembre de 2017 20:15

Las amenazas acorralan a los menores víctimas de pornografía

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Redacción Guayaquil

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Todo empezó con una promesa de dinero. Era un pago que no parecía malo, salvo porque se entregaba a cambio de fotografías corporales.

En el sector de Socio Vivienda 2, en el norte de Guayaquil, en la penúltima semana de agosto se registró un caso de pornografía que involucró a tres menores de edad, dos de ellas hermanas. En las computadoras de un cyber, ubicado a pocos metros de la Unidad de Vigilancia Comunitaria del lugar, se habrían almacenado imágenes y videos de adolescentes de entre 12 y 15 años de edad.

Marcelo G., quien atendía el negocio, fue señalado por los familiares de las menores como el presunto responsable. Wagner, padre de una de las víctimas, lo acusa de enviar un teléfono celular con los hermanos pequeños de las menores para que ellas se tomaran las fotos. “Pagaba USD 5 por las fotos de medio cuerpo”, contó.

En el hogar de la joven todavía no creen lo sucedido. “Le hemos dado una buena educación a mi hija en nuestras limitaciones”, narró Wagner. La adolescente le conversó que Marcelo G. se ganaba la confianza de las chicas al no cobrarles por el uso de las computadoras.

De acuerdo al artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato, que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual; será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años.

En el año 2016, la Fiscalía General del Estado receptó 91 denuncias en todo el país por el delito de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. Mientras que entre enero y julio de 2017 se presentaron 64 denuncias de este tipo penal.

En mayo pasado la Policía detuvo en Guayaquil a una persona que comercializaba fotos de niños y adolescentes en Chile y otros países de Europa. Tres meses antes un hombre fue capturado mientras se encontraba con un menor en la Terminal Terrestre de la ciudad, previo a un encuentro sexual.

Solo en Guayas se registró 36 denuncias en el 2016, relacionadas con pornografía de menores. Y entre enero y agosto de este 2017 se denunciaron 27 casos similares. De esa cantidad, 20 corresponden a Guayaquil.

Belén Escobar es la jefa de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) en la zona 8, correspondiente a los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. De acuerdo a su análisis, los padres se muestran sorprendidos cuando se dan este tipo de casos. "Eso pasa porque no existe una buena comunicación con los hijos".

La Dinapen organiza charlas dirigidas a padres y estudiantes, para prevenir que los menores sean involucrados en este tipo de actividades ilícitas. Entre enero y agosto realizó 263 capacitaciones, que reunieron a 20 190 personas.

Cuando se registran casos de pornografía infantil, la Dinapen hace un seguimiento a las víctimas. “Se les delega un agente que estará en territorio y que nos facilita la información para continuar con el caso y brindar una protección”, explica Escobar.

Sin embargo, la pornografía infantil puede conllevar a otros delitos como la trata de personas. “Pueden estar siendo obligadas a realizar esta clase de situaciones porque se sienten amenazadas”.

La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Trasnacional e Internacional (Fedoti) investiga estos delitos. Giancarlo Almeida, uno de los fiscales de esa unidad en Guayas, describe que la pornografía infantil se ha proliferado a través del uso de los medios tecnológicos. “El Internet influye mucho en que las personas despierten ciertas aberraciones. Hay mercado si hay compradores”.

El funcionario aconseja a los padres que eduquen a sus hijos y les enseñen a no confiar en extraños. “Que no acepten ningún tipo de dádivas o regalos. Y también desde pequeños deben instruirlos en una educación sexual”.

En el caso de Socio Vivienda, la Fiscalía realizó un allanamiento en el cyber el pasado 28 de agosto ante las denuncias presentadas por los padres. Las máquinas fueron retiradas para revisar sus archivos.

El sospechoso desapareció del sector cuatro días antes de la diligencia y se investiga su presunta participación. Según Wagner, Marcelo G. amenazó a las menores. “Si no se tomaban nuevas fotos les decía que publicaría las anteriores”.

El caso está en investigación previa. Wagner pide rapidez en el proceso. “Se trata de menores de edad, deben actuar con prontitud”.

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