1 de marzo de 2016 00:00

La Amazonía quiere su propio bloque legislativo para el 2017

De izq. a der: Antonio Kubes, Sergio Chacón, Salvador Quishpe, Guadalupe Llori, Marcelino Chumpi, Guido Vargas. Foto: EL COMERCIO

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Redacción Política

Los prefectos de la Amazonía tienen su agenda lista: exigir los desembolsos atrasados, finalizar la recolección de firmas para que se tramite una ley especial de la Amazonía e impulsar un bloque legislativo regional para 2017.

Las deudas por asignaciones se derivan de los problemas de liquidez del Estado, aceptó el vicepresidente Jorge Glas en la última sabatina. Aunque agregó que el viernes llegó un desembolso para Finanzas.

Según el Consorcio de Gobiernos Provinciales Amazónicos (Conga), presidido por Antonio Kubes, prefecto de Pastaza, el Estado les adeuda USD 41 millones desde diciembre; han paralizado obras y suspendido pagos.

En 2015, el presupuesto para las seis prefecturas fue de USD 122,2 millones, según Finanzas, de los cuales se adeudaron 16,3.
Ayer, en entrevista televisiva, Gustavo Baroja, presidente del Consorcio de todas las prefecturas, indicó que los pagos deberían iniciar esta semana.

En el segundo punto, hasta abril, el Conga entregará
60 000 firmas al Consejo Nacional Electoral para exigir el tratamiento de su ley, en una asamblea que, denuncia Kubes, los ha abandonado.

De los 13 legisladores actuales, siete pertenecen a Alianza País. De ahí la necesidad de contar con un bloque regional, “sin camisetas partidistas”, para el 2017, dicen en el Conga.
La única posición distante es la de Sergio Chacón, prefecto de Napo, de Alianza País.

Los prefectos incómodos

En la región, el mayor problema, uno de larga tradición, constituye el conflicto por los recursos estratégicos, según Bolívar Beltrán, de la Red Jurídica Amazónica, y Alexandra Almeida, de Acción Ecológica.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Chevron, apunta Beltrán, que con sus secuelas generó un rechazo hacia el extractivismo, especialmente en las comunidades cuya supervivencia peligra.

Y, pese a los ingresos que generaba el petróleo, Almeida señala que la Amazonía no ha recibido atención porque no representa votos.

La ecologista acepta que este Gobierno sí ha hecho obras. Pero insiste en que la “suerte de chantaje” sigue presente; explica que el Estado exige la aceptación de la extracción a cambio de sus obligaciones.

El presidente Rafael Correa repite que “no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro”. Y pese a las movilizaciones y el intento de consulta popular por el Yasuní, se decidió iniciar la explotación. Incluso en el suroriente hay tres proyectos mineros.

Esta es una bandera de lucha de los prefectos. Según un análisis del catedrático de la U. Andina, Pablo Ospina, la población le dio la espalda a la política extractivista en 2014, cuando los candidatos de oposición que ofrecieron defender el ambiente ganaron; los reelectos incluso con mayor votación que en el 2009.

El gobernador de Morona, Rodrigo López, explica que la actitud de los prefectos genera conflictos, por lo que no existe una relación con el Gobierno.

Salvador Quishpe, prefecto de Zamora, anota que “aquí se condiciona todo, si no se apoya el proyecto político no hay obras”. Y, el de Morona, Marcelino Chumpi, cuenta que como resultado son perseguidos con pugnas legales.

López lo desmiente y dice que solo se trata de sancionar los incumplimientos legales, sin ver “camisetas políticas”. Y los acusa de generar conflictos.

Los prefectos incómodos para el régimen han participado en manifestaciones. En julio Quishpe invitaba a la Marcha por la democracia con dignidad en contra de las enmiendas; antes lo hicieron por los decretos 813 y 016, las leyes de Aguas y de Tierras.

Por esto es que Beltrán coincide en que sí hay una persecución política. Recuerda que varios líderes han sido acusados de sabotaje y terrorismo, incluido Humberto Cholango, expresidente de la Conaie; que Carlos Pérez fue detenido hace dos años; que la Contraloría los persigue con informes y que hay varios enjuiciados. Incluso en el último año Pérez y Quishpe denunciaron agresiones físicas en las marchas de diciembre y agosto.

En su contra, Chumpi enumera una demanda por daños ambientales y operación sin licencia en la construcción de la vía Macuma-Taisha, el cierre de Telesangay por presunta operación clandestina, una acusación de peculado con el puente en Bomboiza, indagaciones en la compra de maquinaria. Todos “juicios personalizados”.

Uno de los juicios en contra de Quishpe es por presunto peculado en la construcción de un puente en Palanda, pero anota otras represalias. En 2013 pidió un crédito al Banco del Estado, para construir un parque lineal, que fue aprobado y al final “se dejó sin efecto de manera ilegal”. Hace un año el Consorcio de Prefecturas recibió USD 60 millones del Banco Interamericano, pero hasta ahora no llega su parte. “Son los caprichos del Gobierno”.

“Es indudable que todos estamos siempre bajo ese esquema”, lamenta Kubes, porque “nos tienen a la espera de esos recursos y somos objeto de demandas y acciones”.

Los prefectos opositores recalcan que los beneficios, por las rentas de los recursos estratégicos, de los que habla el Gobierno, se quedan solo en el discurso. Y afirman que el daño ambiental es más alto, a largo plazo, de lo que se podría extraer económicamente del petróleo y las minas.

Antonio Kubes, SUMA-Pastaza  

Es el presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Región Amazónica.

Sergio Chacón, Alianza País-Napo 

Fue prefecto en 2009 por Sociedad Patriótica y en 2014 se cambió al oficialismo y ganó la reelección.

Salvador Quishpe, Pachakutik-Zamora 

Fue diputado y ha sido prefecto durante toda la administración del presidente Rafael Correa.

Guadalupe Llori, Pachakutik-Orellana 

Fue prefecta desde 2005 hasta que fue destituida en 2007. Pero ganó la reelección en 2009 y 2014.

Marcelino Chumpi, Pachakutik-Morona 

Ha sido prefecto durante todo este Gobierno, antes fue secretario ejecutivo del Ecorae.

Guido Vargas, PSP-Sucumbíos

Fue electo asambleísta por el mismo partido en el período 2009 - 2013. Ahora es prefecto.

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