3 de diciembre de 2014 19:26

La amas de casa no serán encarceladas si no pagan sus aportes al IESS

IESS. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Carolina Enríquez

La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Betty Carrillo, aseguró que se necesita un análisis técnico para determinar si es factible una propuesta para que las trabajadoras no remuneradas del hogar, que no logren aportar 20 años a la seguridad social para obtener su jubilación, puedan recibir un valor, con relación a esta, de forma proporcional.

Esta información la dio a conocer la mañana de este miércoles 3 de diciembre del 2014 durante la sesión de la mesa legislativa para analizar el proyecto de Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo no Remunerado del Hogar.

Este texto fue presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional el pasado 15 de noviembre del 2014. Allí se establece que las amas de casa podrán acceder a jubilación una vez que cumplan los 65 años de edad y 20 de aportes.

Pueden afiliarse desde cualquier edad. Lógicamente, eso no tiene relación con el hecho de que tendrán que aportar durante 20 años. Esto es fundamental. No existían o existen propuestas de que se hagan una tabla para que mujeres que no lleguen a aportar los 20 años puedan tener beneficios en proporción. Eso tiene que partir de un análisis técnico. No se trata solo que la Comisión resuelva. Para ello se ha pedido por escrito un informe técnico de la viabilidad o no de esa propuesta”, dijo Carrillo.

La asambleísta considera que en la primera etapa de afiliación de las trabajadoras no remuneradas del hogar accederían quienes reciben el bono de desarrollo. Más adelante podrían acceder otras personas.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos Marx Carrasco, indicó que en el caso de las amas de casa no se aplicarán las regulaciones del Código Penal, vinculadas con prisión por no afiliación. Únicamente habría sanciones por no cancelar los aportes.

Por otro lado, con relación al financiamiento, este le corresponde al aporte del hogar del ama de casa. Comienza por USD 2 hasta USD 45, dependiendo de la capacidad de aporte de las familias. El Estado aportará desde USD 9,20 – el 90% del total del nivel económicamente inferior -, hasta cero.

Al interior de la Comisión, legisladoras como Cristina Reyes, de Madera de Guerrero, propusieron que los aportes sean cancelados en su totalidad por el Estado. Ante ello, Carrasco indicó que el Estado no es “una máquina de hacer billetes”.

El Ministro, además, hizo una amplia exposición del contenido del proyecto de Ley. También participaron ayer en la mesa legislativa el presidente de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), Richard Martínez y Cristian Cisneros, director de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha.

El primero pidió que se revisen temas como el de la eliminación del contrato a plazo fijo por el de tiempo indefinido y el establecimiento de las brechas salariales. Mientras que el segundo, indicó que hay aspectos positivos dentro de la norma y que se debe revisar medidas de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Otras propuestas que se hizo al interior de la Comisión fue que el 10% del servicio, que se cobra en los restaurantes, sean entregado a los trabajadores. Así lo indicó Fausto Cayambe, de Alianza País.

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