Los transportistas desean un incremento anual del pasaje en Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El contrato que las operadoras de transporte público y el Municipio de Quito deben firmar para legalizar el servicio, aún no está listo. El plazo para elaborar el documento venció en diciembre pasado. Por un inconveniente sobre un punto de carácter económico no se ha llegado a un acuerdo y el tema se ha dilatado.
Por un lado, las cooperativas piden que se incluya en dicho contrato una cláusula donde se sistematice un incremento anual en el costo del pasaje en conformidad con las incidencias económicas que se presenten. Por el otro, el Municipio asegura que ya existe una compensación económica a los transportistas por lo que las tarifas de los buses están congeladas. En la capital, existen 2 380 unidades.
Jorge Yánez, dirigente del transporte público, cuenta que hace unos meses se formó una comisión para que se establezcan los detalles definitivos de los contratos de funcionamiento de las operadoras. Participaron cinco miembros en representación de los transportistas. Entre ellos, José Santamaría, presidente de la Cámara de Trasporte Urbano de Quito y Héctor Guevara, del corredor Central Norte.
Un punto quedó inconcluso. Usualmente, en todo contrato que se suscribe hay cuatro elementos fundamentales: los comparecientes (en este caso el Municipio y los transportistas), el objeto (entregar un sistema de transporte), el tiempo de duración (que de conformidad con la Ley es de 10 años) y el valor. Ese último punto fue precisamente el que causó el conflicto.
Yánez dice que el pedido de incluir esa cláusula es fundamental ya que “la bonificación actual no va a durar siempre”, por lo que se debe tomar en cuenta el costo de las unidades, de los insumos, los salarios de los trabajadores, la devaluación, entre otros aspectos.
Otro de los pedidos de los transportistas es que el Municipio se iguale en los pagos de las compensaciones. “Hemos recibido el pago solo de marzo a agosto. Ya son cuatro meses que no nos han cancelado”, cuenta.
Para Edy Sánchez, concejal presidente de la Comisión de Movilidad, la Ordenanza es clara al señalar el congelamiento de las tarifas de los buses de transporte público urbano a cambio del pago de una compensación que consiste en entregar cada mes USD 1 000 a aquellos buses que se manejan con la caja común y USD 400 para los demás, siempre y cuando cumplan 33 parámetros de calidad. Respecto a la supuesta mora, Sánchez asegura que todas las unidades que cumplen con los estándares de calidad han recibido el dinero.
Sánchez asegura que la Ordenanza no tiene fecha de caducidad, por lo tanto podrá ser aplicada sin trabas. “Es un cuerpo normativo que podría derogarse o modificarse si se hace otra Ordenanza, de lo contrario, no. Nunca se ha hablado de que cada año se iba a aumentar el pasaje”, sostiene.
El gremio del transporte pedirá esta semana una audiencia con autoridades de la Secretaría de Movilidad para agilitar el proceso. El contrato es fundamental no solamente para poder operar en la ciudad sino para matricular los vehículos, y para obtener una rebaja por parte del Servicio de Rentas Internas.
Según Yépez, el problema debe resolverse lo antes posible, de lo contrario, las personas que, por ejemplo, deben matricular los buses en los primeros meses se verán en aprietos.