1 de septiembre de 2014 00:05

Alumnos, blanco de mafias que roban celulares

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Lineida Castillo. Redactora

Un desconocido le abrazó por detrás con un puñal en mano y el otro le metió la mano en el bolsillo. Así fue asaltado el estudiante Sebastián B., de 16 años. Ocurrió la noche de un lunes de junio pasado en las escalinatas del Centenario, en el Centro Histórico de Cuenca.

Sebastián salía del colegio con los audífonos en sus oídos y su iPhone en el bolsillo. En segundos los asaltantes le robaron el celular, los audífonos y USD 20. Tras este asalto, el joven quedó atemorizado. El teléfono lo había comprado con sus ahorros. Perdió más de USD 600, dinero que no recupera hasta ahora.

Los agentes saben que los robos de equipos electrónicos se vuelven frecuentes con el regreso a clases (hoy, 1 de septiembre, en la Sierra y Amazonía). La Encuesta de Victimización señala que, por ejemplo, los colegios, escuelas y universidades de Quito están entre los ocho lugares donde hay mayor cantidad de asaltos.

El anterior año lectivo, Sebastián supo que a sus compañeros les robaron celulares, laptops, tabletas… Las autoridades también conocieron estos hechos y la Policía advierte que los atracos se cometen más en las paradas de buses, en sectores cercanos a las universidades, mercados, centros comerciales… donde hay aglomeración.

Las investigaciones dan cuenta que son bandas que actúan entre dos personas, viajan en motos y atacan más a los jóvenes que caminan solos y exponiendo sus equipos a vista de todos. Por ello sugieren no contestar llamadas ni chatear con frecuencia en la calle.

Sebastián B. admite que caminaba distraído escuchando música. En cambio, a Sonia V. de 15 años, estudiante de secundaria, le sacaron el celular del bolsillo de su mochila. Ella se dio cuenta cuando se bajó del autobús y buscó el teléfono para hacer una llamada.

Según Germán Cevallos, jefe de la Policía Judicial de Azuay, los jóvenes deben ser prudentes al usar los equipos. Por ejemplo, no contestar llamadas ni chatear en las paradas o en sitios poco confiables. Esto, “principalmente a quienes disponen de teléfonos costosos porque despierta la atención de los grupos delictivos”.

Los más vulnerables son los menores de edad por su incapacidad de reacción inmediata e indefensión. Por ejemplo, Cevallos contó que un familiar de 16 años y otros cuatro compañeros fueron asaltados en el momento en que salían de un restaurante en la ciudad de Loja.

Fueron interceptados por dos armados y entregaron los cinco celulares y una mochila en la que cargaban frutas. “Les amenazaron con matarlos”, recuerda el oficial. Ningún teléfono fue recuperado pese a que tenían GPS. La señal tenía un “registro errado” y reportaba que los equipos estaban en Perú.

Un informe oficial señala que en el país los objetos más robados a personas fueron precisamente los móviles (33,7%). Aunque en menor cantidad también aparecieron las laptops (3,3%) y tabletas (2,1%).

En Cuenca, en lo que va del año se han recuperado más de 200 equipos de “dudosa procedencia”. El pasado martes, por ejemplo, la Policía encontró en el sector del barrio Cayambe a dos menores en flagrancia.

Según los agentes, asaltaron a otros dos jóvenes y tenían en su poder los celulares.

Con el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), las víctimas deben denunciar el robo de equipos cuyos costos son menores al 50% del salario básico unificado (USD 170) en los juzgados de contravenciones que hay a escala nacional.

La sustracción de celulares que tengan un costo mayor constituye un delito y la denuncia debe presentarse en las unidades de la Fiscalía. Entre el 10 y el 25 de agosto pasado, la Unidad de Flagrancia de Cuenca receptó 82 denuncias por diferentes causas, entre ellas hurtos (robo de un objeto sin que el afectado se percate).

Según el juez de contravenciones, José Peralta, la gente no conoce los cambios y no denuncia algún perjuicio por desconocimiento de los procedimientos. Cuando se trata de un delito flagrante (evidente) el juzgamiento de los sospechosos es inmediato.

Para los robos de celulares la Ley establece de 15 a 30 días de prisión y una multa del 25% de la remuneración básica del trabajador.

Peralta también cree que hace falta en las personas una cultura preventiva, de seguridad y denunciar estos asaltos.

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