7 de junio de 2018 00:00

El proyecto Quito Cables tiene tres alternativas para continuar

Los trabajos en la estación Colinas del Norte se encuentran suspendidos. Hasta el momento, en ese lugar se han ubicado los cimientos. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.

Los trabajos en la estación Colinas del Norte se encuentran suspendidos. Hasta el momento, en ese lugar se han ubicado los cimientos. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.

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Evelyn Jácome
Redactora (I)
njacome@elcomercio.com

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Luego de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE) anunciara que da por terminado el contrato para la construcción de los Quito Cables, el jueves anterior (31 de mayo del 2018), la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obra Públicas, Epmmop, baraja posibilidades para continuar con el proyecto.

Iván Alvarado, gerente de la entidad, plantea tres posibles escenarios: el primero y más óptimo -dice- es que el Ejército continúe con la ejecución basándose en argumentos legales del contrato. El segundo, en caso de no llegar a un acuerdo con la entidad, es emprender otra licitación. Esta opción implicaría, además, un nuevo proceso de contratación y construcción, por lo que la entrega sería en 16 o 18 meses.

Una tercera posibilidad podría ser realizar una alianza público-privada, donde una empresa se comprometa a construir y a cambio beneficiarse de los pasajes, hasta recuperar la inversión y obtener ganancias. Estos dos últimos implicarían que la obra no pueda ser inaugurada por la actual administración.

Quito Cables es uno de los proyectos emblemáticos del alcalde Mauricio Rodas. Esta propuesta busca solucionar el problema de movilidad de unas 180 000 personas que habitan en el noroccidente.

En mayo del 2015, el Burgomaestre visitó La Pisulí (en primera instancia el lugar hasta donde llegarían las cabinas) y aseguró que la obra estaría lista a finales del 2016. Luego se anunció que la línea, en primera etapa, llegaría a La Roldós.

A mediados del 2016, los moradores de San José del Condado, un barrio afectado por ocho de las 34 expropiaciones que requirió el proyecto, protestaron aduciendo falta de comunicación y se negaron a negociar. Sin embargo, en junio del 2017, el Municipio depositó los valores correspondientes en la cuenta de la judicatura y los predios pasaron a ser de utilidad pública. Hasta hoy, las familias no dejan sus casas.

Grace Carrera, dueña de un lote afectado, asegura que en esos ocho predios viven 200 personas y que van a exigir que les devuelvan sus bienes. Se mantendrán en resistencia.

Esa fue, según el Cuerpo del Ejército, la principal razón por la cual no se pudo avanzar en la construcción del proyecto.

Alvarado sostiene que esos lotes representan menos del 25% del área de intervención, de modo que había otros espacios donde trabajar, por lo que no se justifica la causa. Admite que le corresponde a la autoridad gestionar la liberación de los predios y asegura que en la medida que se requiera, él personalmente, lo hará.

¿Si no acceden, se recurrirá a fuerza pública? “Sí. Esa es una última opción que no es deseable y habría que evitarla, pero podría ser, eventualmente”.

Otro de los argumentos del Cuerpo de Ingenieros fue que no se contaba con los permisos necesarios y que identificaron problemas con los estudios. Según la Epmmop, el proyecto cuenta con todos los permisos, desde junio del 2017.

La Politécnica Nacional se encargó de los estudios. Alvarado cuenta que hace poco el contratista presentó inquietudes sobre algunas especificaciones y fueron discutidas entre Ejército, Municipio y Politécnica, y se logró un acuerdo.

Además, “una vez firmado el contrato, el contratista dijo conocer todas las condiciones del sitio de la obra, haber estudiado los planos, etc., y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas”, sostiene Alvarado.

Hasta el momento, se han realizado trabajos de excavación y cimentación en Colinas del Norte y La Ofelia. El Ejército asegura que no han recibido el pago por esas obras.

Para que se desembolse un pago, el contratista y el fiscalizador (Politécnica) deben presentar una planilla de las obras ejecutadas. Según Alvarado, no hay ninguna planilla presentada, por lo tanto no hay deuda.

Es más, apunta que con los USD 13 millones que el Municipio le entregó de anticipo se podría avanzar más todavía.

Ayer (6 de junio del 2018), el Municipio tenía previsto entregar al CIE un informe con su posición y un análisis del contrato. A partir de la recepción del documento, indica Alvarado, el contratista tiene 10 días para responder a la exigencia de reiniciar los trabajos. De ser así, se haría un contrato complementario para actualizar plazos.

Para el concejal Sergio Garnica, de la Comisión de Movilidad, la única salida es conformar una comisión de alto nivel, en la que participen cámaras y colegiaturas relacionadas con el tema para que, junto con los moradores, analicen la alternativa más viable y se la legitime. El cambiar de contratista -dice- no resuelve nada.

Según Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Construcción, la entidad estaría de acuerdo con formar parte de una comisión técnica. Advierte que el tema se ha vuelto político e insiste en que toda obra que se inicia debe culminarse.

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