30 de July de 2009 00:00

El alquiler de dos torres fue un fiasco

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Con la declaratoria de emergencia del 1 de abril de 2008, el Ecuador tuvo vía libre para la contratación directa de tres torres petroleras, a través de Petroproducción. Sin embargo, dos de las torres de extracción de crudo nunca llegaron; hoy solo una está en operación.

Con estas torres se esperaba subir la producción en 9 786 barriles de crudo diarios y, a su vez, aumentar el ingreso del Fisco, que depende en un 30% de la venta del hidrocarburo.

La contratación de las dos primeras torres tomó seis meses y la última se extendió a ocho. Es decir, tardó igual o mayor tiempo que una licitación  normal.



16 meses
lleva el proceso de emergencia para la contratación de torres, que aún no llegan.Un ejemplo: la propia Petroproducción contrató por concurso público de ofertas el servicio de mantenimiento de vías y plataformas  en el Distrito Amazónico y solo duró cuatro meses tras analizar las tres ofertas presentadas. Pero, a través de un contrato directo con Oilservices Servicios Petroleros S.A. y Procuserve, se buscó cortar aún más este plazo.

Estas firmas se comprometieron a entregar dos de las tres torres en 60 días, a USD 30 millones cada una, a partir de la firma de los dos contratos, el 23 de septiembre de 2008.



La inversión
Petroecuador recibió un presupuesto de USD 1 585, 8 millones para inversión este año.
El año pasado la petrolera estatal recibió USD 1 656 millones, de los cuales ejecutó USD 1 063 millones, es decir el 64% del monto total.
Los montos de inversión son superiores a los de otros años, donde ha recibido por debajo de los USD 500 millones.
El año pasado la filial que contó con más recursos de inversión fue Petroproducción. De USD 763 millones presupuestados inicialmente, esta unidad, que se encarga de la exploración y explotación de crudo, ejecutó USD 565 millones.No obstante, los equipos no eran de su propiedad sino de la estadounidense J & J Drilling con la cual se aliaron. Desde entonces ya transcurrieron nueve meses y esos equipos no han llegado al país.

Este supuesto incumplimiento obligó a Petroproducción a terminar el contrato con ambas compañías. Actualmente, el tema está enfrascado en una contienda legal entre las partes y no hay visos de solución. Además, el caso ha pasado de un funcionario a otro debido a los constantes cambios de dirección de esta filial de la estatal Petroecuador.

La declaratoria de emergencia, que ampara la contratación fue expedida por Patricio Goyes, entonces vicepresidente de Petroproducción. Justificó esta decisión sosteniendo que de no llegarse a realizar esta tarea “Petroproducción dejaría de producir un estimado de 9 786 barriles diarios de crudo”, según consta en la Resolución 2008103. Pero este funcionario no llegó a suscribir el contrato, pues solo se mantuvo en el cargo seis meses.

Su reemplazo, el capitán de Navío, Camilo Delgado concretó la firma, pero no llegó a ver la operación de las torres, pues estuvo nueve meses. Hoy está Freddy García, quien se abstuvo de comentar porque -según un vocero de prensa-  el proceso aún se encuentra en espera de una resolución judicial.

Si se toma en cuenta que desde el 22 de noviembre de 2008, fecha en la que debían entrar a operar las torres, ya pasaron 251 días, y que en estos meses el precio promedio del barril ha sido de USD 40, la pérdida para el país es de USD 60,2 millones.

Este monto considera un promedio de 3 000 barriles de crudo diarios por cada torre, que según anota Petroproducción en el Memorando 089-PER-2009, se dejaron de producir.

Joffre Campaña, abogado de Oilservices, explicó que las torres no llegaron debido a las incidencias del huracán Ike, que golpeó al Estado de Texas, EE.UU. donde se encontraban.

“El huracán provocó inundaciones y estas, a su vez, daños eléctricos en esas torres, por lo que debían ser reparadas antes de su ingreso al país”, dijo el jurista, que también es defensor de Fabricio Correa, hermano del presidente de la República. Aseguró que se trataba de un hecho de fuerza mayor.

Sin embargo, ambas firmas reportaron el incidente 66 días después de ocurrido el siniestro, el 12 de septiembre de 2008, cuando la cláusula cuarta del contrato establece que se debía hacer en no más de 30 días. Por eso, Petroproducción canceló ambos  contratos de forma unilateral el 9 de marzo pasado.

Por su parte, Fernando Acosta, abogado de Procuserve, indicó que la compañía recién constató el daño en las torres el 17 de octubre del año pasado. Las autoridades de Houston (EE.UU.), donde estaban las torres, no permitieron el acceso al área, debido a las inundaciones ocasionadas por el huracán, agregó.

Para Acosta, los 30 días de los que habla la cláusula cuarta se cuentan desde que se pudo constatar el siniestro, mientras que Petroproducción insiste en que es desde el día que el huracán pasó por Houston. En este debate se encuentran hasta hoy.

Lo más curioso de este proceso es que Petroproducción se demoró más de dos meses en informar a las compañías que no aceptaba su pedido de ampliación del plazo de entrega de las torres (26 de enero de 2009). Y otros dos meses más para  terminar el contrato. Esta última decisión está siendo apelada por las firmas, a través de una Acción de Protección en la Corte Provincial de Pichincha. El 15 de junio pasado, la Segunda Sala de lo Civil de esta Corte falló a favor de Oilservices con lo cual quedó insubsistente la terminación. Mientras tanto, Procuserve aún espera un fallo en la Segunda Sala de lo Penal.

La estatal petrolera tampoco ha logrado ejecutar las garantías, pese a que estas son de cobro inmediato. Dichos respaldos debían facilitar la recuperación del anticipo de USD 18 millones (USD 9 millones por cada firma), que representa el 30% del monto de ambos contratos.

Pero Luis Jaramillo, presidente de Petroecuador, niega que no se puedan cobrar las garantías. “Están en proceso y el proceso está bastante avanzado”. Pero ¿por qué se ha demorado tanto tiempo? “Lamentablemente en el sector público los procesos son así”, concluyó.

Desde la declaratoria de emergencia  el país lleva 16 meses enredado  en un proceso, que de haberse concretado por licitación pública, habría tardado menos.

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