29 de febrero de 2016 00:00

Alianza País emprende su cuarta reforma en el campo laboral

La titular de la Mesa de los Trabajadores, Marllely Vásconez, impulsará los cambios. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

La titular de la Mesa de los Trabajadores, Marllely Vásconez, impulsará los cambios. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Paúl Zamora

La propuesta del Ejecutivo para retomar varias opciones de contrato a plazo fijo en sectores como la construcción no prosperó en el bloque legislativo de Alianza País (AP). Luego de un fuerte debate interno se decidió no incluir ese punto dentro del proyecto de Optimización de la Jornada Laboral y Seguro de Desempleo.

Para oficialistas como Alexandra Ocles o Fausto Cayambe se debe mantener la prohibición del contrato a plazo fijo porque fue uno de los logros de la Ley de Justicia Laboral, aprobada en abril del 2015. Ocles reconoció la intención que existió de reinsertar esa forma de contratación, pero aclaró que fue en una “lluvia de ideas” y que se ratificaron en lo aprobado hace 10 meses.

A. País ha emprendido desde el 2013 tres proyectos de corte laboral o que han involucrado a la seguridad social y que han generado cuestionamientos sobre si mantiene o no el espíritu garantista de derechos laborales de la Constitución de Montecristi. En abril del 2008 se terminó con varias figuras laborales y se prohibió la tercerización, el trabajo por horas y cualquier forma de contratación que precarice los derechos de los obreros.

“El Gobierno ha pasado de un extremo a otro, desde Montecristi hubo un retroceso en los derechos”, a decir de la exconstituyente María Paula Romo.

Ahora, el oficialismo se monta en un cuarto proyecto de corte laboral que pretende, según han dicho, garantizar el derecho a la estabilidad laboral; evitar el desempleo y generar nuevas plazas de trabajo para los más jóvenes.

Para líderes sindicales y opositores, la flexibilización no solo es laboral sino también del discurso, pues el proyecto precarizaría el trabajo y generaría condiciones para la explotación laboral.

Hoy, a las 10:30, la Mesa de los Trabajadores de la Asamblea, presidida por Marllely Vásconez (AP), mantendrá el primer encuentro para tramitar la propuesta de reducción en la jornada laboral. “Vamos a los más por lo menos. Es preferible que se me reduzca un poco el salario a quedarme sin salario o que me despidan”, dijo y reconoció que existirá una relación directa entre las horas trabajadas y el salario percibido.

En los próximos días, en esta Comisión se escuchará a diferentes actores involucrados, entre ellos las tres principales centrales sindicales del país.

Los representantes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT); el Parlamento Laboral y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ya han revisado la propuesta del Gobierno y tienen criterios divididos.

El FUT anuncia para el 17 de marzo una movilización nacional en contra de lo que califican como “políticas antiobreras”. Pablo Serrano, titular de este sindicato, sostiene que la intención del Gobierno es eliminar los derechos de los trabajadores ya que se disminuirá la jornada laboral y así se reducirán los salarios.

Para el FUT la propuesta es inconstitucional pues contraviene dos artículos de la Constitución: el 11 que garantiza que los derechos deben ser progresivos y el 327 que prohíbe prácticas que afecten los derechos laborales.

Al Parlamento Laboral le preocupa la reducción de la jornada laboral y pide pulir la norma con elementos técnicos y jurídicos. Para su presidente, Fernando Ibarra, hay reformas que no responden al espíritu garantista de la Constitución y han menoscabado derechos.

Esta agrupación presentó dos demandas de inconstitucionalidad. En abril del 2015, el oficialismo aprobó la Ley de Justicia Laboral, que reformó la Seguridad Social y estableció la eliminación del aporte del 40% del Estado para el pago de pensiones jubilares y un techo a las utilidades.

También cuestionaron las reformas laborales impulsadas a través de la enmienda aprobada a finales del 2015, que eliminó la posibilidad de la contratación colectiva.

El único sindicato que por ahora respalda la iniciativa del Gobierno es la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Oswaldo Chica recordó que la medida es temporal y evitará despidos masivos. “Estas medidas mantienen el espíritu de Montecristi, no se puede hablar de precarización laboral”, dijo el líder sindical.

Vásconez, Ocles y Cayambe ratifican que se han enterrado las políticas neoliberales y de flexibilización laboral, y que hoy se mira por el trabajador.

Los diversos actores políticos también preparan sus discursos para el Pleno. Según Creo, el objetivo es inyectar liquidez al Gobierno. El legislador Diego Salgado cree que la transformación del fondo de cesantía por un seguro de desempleo permitirá que el Gobierno disponga de alrededor de USD 750 millones anuales. Por eso alerta que habrá menor capacidad adquisitiva.Mientras que Pachakutik asegura que la norma afecta a los trabajadores con menos ingresos y cuestiona que el proyecto se haya enviado como urgente, ya que en 30 días estará el plena vigencia.

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