24 de January de 2010 00:00

Alianza País y Yasuní

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Julio Echeverría

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Un profundo resquebrajamiento experimentó el partido de gobierno la semana pasada a propósito de los exabruptos presidenciales referidos a la conducta de su equipo en las negociaciones para dejar el crudo en tierra en el Yasuní.  El Presidente acusa ser engañado por la agenda oculta de su propio canciller, que dejó infiltrar las perversas intenciones de los ecologistas infantiles. Los miembros del equipo de negociaciones, en cambio, denuncian el débil compromiso presidencial con una propuesta que se convirtió en emblemática del país y que bien podía contribuir a diseñar soluciones novedosas para la problemática ambiental global.

Estas mutuas acusaciones ocultan un problema de fondo: la existencia de una amalgama de posiciones no suficientemente trabajadas en términos programáticos, contradicción que ya aparece en el diseño de la Constitución elaborada en Montecristi, la cual es reivindicada por Alianza País como su programa político. Por un lado, la ampliación de derechos que solo pueden ser satisfechos por la intervención dadivosa del Estado que requiere de altos índices de crecimiento de la economía, y que, en las condiciones del modelo económico de la revolución ciudadana, solo puede darse gracias a la sobreexplotación de la renta de la naturaleza. Y por otro, el principio del sumak kausai  que en cambio plantea al decrecimiento económico como su orientación fundamental. Esta contradicción se expresa ahora como conflicto al interior del partido de gobierno. 

En el un caso, el desarrollo es visto como crecimiento económico en el corto plazo, y los impactos ambientales como un daño colateral no deseado pero justificable frente a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población, generar más servicios sociales y reducir la pobreza. En el otro, el enfoque de los “ecologistas infantiles” (Acosta y  Falconí como figuras visibles) el desarrollo no necesariamente equivale a crecimiento, sino que se expresa en bienestar humano y sustentabilidad social y ambiental.  A pesar de las diferencias sustanciales, ambas líneas se mantienen y se necesitan porque ambas reivindican el rol central del Estado en la construcción del modelo.

La pugna no es explicable en el campo de la moralidad pública, como conflicto o deslealtad de amigos o de compadres; refleja una contradicción política de fondo que no fue suficientemente elaborada y trabajada porque la intención al construir Alianza País no fue la de configurar un programa de gobierno, sino simplemente la de acumular adhesiones para una contienda electoral. 

Toca ahora a la sociedad debatir el problema y evitar que esta controversia se zanje en una sola dirección como parecería ser la de quien tiene la sartén por el mango, el Presidente de la República. 

Columnista invitado

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