3 de octubre de 2014 20:41

Alianza País cree que hay un 'complot' en las redes sociales

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Paúl Zamora M Redactor (I) pzamora@elcomercio.com

Para Alianza País, los ataques cibernéticos a sus funcionarios más visibles forman parte de una campaña de desacreditación a su proyecto político. El oficialismo maneja el discurso de que existe una intención de desestabilizar al Régimen, no solo desde los espacios tradicionales, sino también desde nuevas plataformas como la Internet. Hacen una advertencia: que si los ataques continúan se buscará a los responsables para ser sancionados.

Twitter ha sido el espacio donde se ha manifestado ese aparente “complot cibernético” en contra del oficialismo. De hecho, en esta plataforma se han publicado mensajes que supuestamente fueron enviados desde las cuentas de funcionarios del Gobierno. La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira y el ministro del Interior, José Serrano encabezan la lista de autoridades con mensajes falsos.

Esta semana los ataques tomaron bríos, según lo denunciaron legisladores de Alianza País. Una de las víctimas fue la vicepresidenta de la Legislatura, Marcela Aguiñaga, a quien se le atribuyó un texto en el cual criticaba a un expresidente. “Hicimos público que un ‘hacker’ accedió a cuentas de personajes públicos y se montaron tuiters falsos. Nuestro rechazo con este tipo de rechazos a estas prácticas inmorales, ilegítimas y deshonestas”, asegura la legisladora.

Para ella y para su compañera de bancada, Gina Godoy, estos mensajes tienen la intencionalidad de afectar un trabajo, de desinformar y dañar la imagen de los rostros visibles del proyecto político. Estos mensajes que se dan en el Legislativo tienen concordancia con lo que piensa el presidente Rafael Correa. Durante la conmemoración del 30 de septiembre saludos a los “compañeros tuiteros” que los ayudan a combatir esa restauración conservadora. “Nos encontrarán en cada espacio en el que intenten atentar con el proceso de cambio histórico”.

Para el oficialismo, las redes sociales constituyen una herramienta clave dentro de su proyecto y le han dado una importancia estratégica. De hecho, en el último taller de formación política de Alianza País, una de las clases se titulaba Comunicación política: Técnicas y estrategias para la sociedad de la información y fue dictado por el español, Antoni Gutiérrez Ruiz, experto en redes sociales.

Godoy asegura que los mensajes falsos en Twitter les demanda trabajo, pues a más de informar sus actividades, deben dedicarse a aclarar la desinformación generada. De hecho, dentro del movimiento verde no se descarta solicitar una investigación para dar con los responsables. “Existen tipos penales que permiten que uno defienda el buen nombre y la reputación, que se podría utilizar cuando hay hackeo de ciertas cuentas”, aseguró Aguiñaga.

Godoy ratificó que si bien en la actualidad las redes no son controladas, “cada individuo es responsable de lo que dice. Y si eso está imputando la honorabilidad y buen nombre de otras personas estas tienen todo el derecho de activar los mecanismos y ver la posibilidad de iniciar una acción judicial”. 

Una de las figuras que podría usarse para impulsar un juicio es el de la calumnia establecida en el artículo 182 del Código Penal. Este dice que la persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

El analista en telecomunicaciones, Juan Carlos Solines, dice que los ataques a redes sociales no son exclusivos contra el Gobierno. Se refiere a la apertura de los canales de comunicación y a la posibilidad de que los ciudadanos también empiezan a generar información. Él mira con inquietud el discurso del Gobierno que habla de una estrategia de desestabilización en Internet. “Es preocupante porque la intencionalidad del Gobierno al decir que hay movimientos desestabilizadores o un plan a través de las redes lo que encierra detrás es un afán por controlar la información que fluye por esas redes”. Por ello alerta que en los próximos meses estará alerta a la nueva Ley de Telecomunicaciones y de que esta ampare el principio de neutralidad de la red.

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