17 de mayo de 2016 00:32

Álex Bravo cumplirá prisión preventiva por un supuesto tráfico de influencias

Álex Bravo llegó detenido a la Unidad de Flagrancia, investigado por presunto tráfico de influencias. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

Álex Bravo llegó detenido a la Unidad de Flagrancia, investigado por presunto tráfico de influencias. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

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Mario Alexis González

La jueza de garantías penales Fátima Yundo Vega dictaminó, la noche de este lunes 16 de mayo del 2016, que el exgerente de Petroecuador Álex Bravo deba cumplir prisión preventiva mientras dure la etapa de instrucción fiscal por la acusación realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE) por un supuesto tráfico de influencias en la entidad estatal de petróleos. Lo hará en la Cárcel Cuatro.

La audiencia de formulación de cargos tuvo lugar en la Unidad Judicial de Flagrancia, ubicada en la avenida Patria y 9 de Octubre, en el centro norte de Quito. Duró dos horas con treinta minutos y tuvo la participación de las partes acusadora y de defensa. Bravo prefirió no participar en las intervenciones.

El fiscal Franklin Bravo informó que las investigaciones en este caso se iniciaron ante la denuncia de Pedro Merizalde, actual gerente de Petroecuador. Por lo que el 13 de mayo se solicitó la detención de Bravo y el 15 de mayo el allanamiento de su domicilio. Ambos actos se consumaron este lunes 16, previa obtención de las órdenes judiciales.

El fiscal anunció que el delito que se le imputa a Álex Bravo es el de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que estipula una sanción privativa de la libertad de tres a cinco años.

Los elementos de convicción que la Fiscalía presentó tienen que ver con "un sin número de procesos contraactuales" que Petroecuador firmó con al menos tres empresas que tienen vínculos familiares con el acusado. Estas son Multiservicios Valdi SA, Nolimit CA y MMR Group Inc. Estas entidades -según el Fiscal- tienen entre sus accionistas y empleados con relación de dependencia a al menos ocho familiares de Bravo, entre los que están sus hermanos de madre: Tatiana Estefanía y Carlos Iván Rueda Panchano.

De esta manera y asegurando que el caso cumple con los requisitos para ser catalogado como tráfico de influencias, la parte acusadora solicitó la prisión preventiva para el acusado como parte de las medidas cautelares durante los 90 días que dure la etapa de instrucción fiscal. Así cómo también la retención de cuentas y la prohibición para enajenar sus bienes.

Miguel Andrade Segarra, abogado defensor de Álex Bravo, indicó que al tratarse de procesos que involucran a las compras públicas se necesita al menos un informe previo de responsabilidades elaborado por la Contraloría General del Estado para que proceda el pedido de prisión preventiva. Además -dijo- que la Fiscalía no especificó los contratos en los que Bravo cometió el tráfico de influencias y en que grado lo hizo, puesto que el nunca fue la máxima autoridad de Petroecuador. Por lo que rechazó la prisión preventiva. Sin embargo, en caso de que la jueza la disponga solicitó se cumpla en la Carcel Cuatro para "precautelar la seguridad de su defendido".

Tras unos 30 minutos de deliberación, la jueza Yundo Vega dictaminó aprobar el pedido de Fiscalía y aplicar las medidas cautelares mientras se desarrollan las investigaciones. Y también acogió el pedido de la defensa para que la medida de prisión preventiva se cumpla en la Cárcel Cuatro.

Además, Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia, en compañía de Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas, se hizo presente en la Unidad de Flagrancia e indicó que las investigaciones determinarán si hay más personas involucradas en el délito.

A la audiencia de formulación de cargos en contra del exgerente de Petroecuador llegaron el secretario jurídico de La Presidencia Alexis Mera y el director del SRI Leonardo Orlando

A la audiencia de formulación de cargos en contra del exgerente de Petroecuador llegaron el secretario jurídico de La Presidencia Alexis Mera y el director del SRI Leonardo Orlando. Foto: Alfredo Lagla/EL COMERCIO

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