18 de mayo de 2016 14:40

Tráfico de influencias de Álex Bravo en 142 contratos se investiga

ALFREDO LAGLA / EL COMERCIO

Alexis Mera y el director del SRI, Leonardo Orlando, llegaron a la audiencia contra Bravo. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

Álex Bravo está en la Cárcel 4. A ese centro de detención, que funciona en el norte de Quito, fue llevado, el exgerente de Petroecuador que fue detenido para investigaciones porque supuestamente cometió el delito de tráfico de influencia mientras trabajaba en la estatal petrolera.

Por eso, el fiscal de delitos contra la Administración Pública, Franklin Bravo, formuló cargos en contra del exfuncionario de la estatal petrolera.

Frente a la jueza de Garantías Penales, Fátima Llundo, detalló las transacciones de las tres empresas investigadas.

Una de las revelaciones que hizo el Fiscal fue que uno de los proveedores relacionados con Bravo accedió a 85 contratos con Petroecuador. Uno de los convenios se firmó por USD 35 millones. En esa compañía aparentemente trabajan cinco familiares del exgerente Bravo.

En la segunda empresa que fue investigada se identificaron 57 contratos con la estatal.

Uno de estos está relacionado con la Refinería de Esmeraldas. Allí, presuntamente, trabajan la hermana y el padrastro del exfuncionario.

Algo similar ocurre con un tercer grupo empresarial. Las indagaciones señalaron que esa empresa tiene contratos con Petroecuador desde el 2014 hasta este año. Esas transacciones superan los USD 85 millones. Allí también trabajan familiares de Bravo.

De hecho, para corroborar esas aseveraciones, la Fiscalía presentó certificados de afiliación del Seguro Social de todos los parientes del exgerente, que fueron señalados durante las investigaciones.

Por eso, la jueza ordenó la prisión preventiva de Bravo. Además, dispuso la retención de sus cuentas y la prohibición de vender los bienes que tenga.

Sin embargo, Miguel Andrade Segarra, abogado de Bravo, indicó a la jueza que al tratarse de procesos que involucran a las compras públicas se necesitaba al menos un informe de responsabilidades elaborado por la Contraloría General del Estado, para que procediera el pedido de prisión preventiva.

Además -manifestó- que la Fiscalía no especificó los contratos en los que su cliente cometió el tráfico de influencias y en qué grado lo hizo.

A la diligencia también asistió el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

Él llegó junto a Leonardo Orlando, director del SRI. Los dos están pendientes de las investigaciones que se realizan entorno a Bravo, pues en declaraciones anteriores señalaron que investigan otros delitos que presuntamente habría cometido el exgerente de Petroecuador durante su administración.

Uno de esos delitos podría ser por peculado. Según Mera, esto porque Bravo tendría empresas en paraísos fiscales.

Hizo estas aseveraciones luego de que se revelara que Bravo tiene seis empresas ‘offshore’ en Panamá.

Esas compañías están constituidas en ese país desde el 2011 y tienen relación con el exgerente de Petroecuador y con su esposa Jelice Herrera.

La relación con las empresas panameñas se basa en la información difundida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), cuya investigación se conoce como Panamá Papers.

Según la base de datos del Consorcio, Bravo aparece como accionista de la firma Johanna Investmentes Corporation, constituida en el país centroamericano desde noviembre del 2013 y que mantiene a Guayaquil como dirección.

Pero además, dentro de registros públicos, notariales y mercantiles de Panamá a los que este Diario accedió, él consta como presidente y director de la firma Girbra S.A.

En declaraciones a Ecuavisa aceptó que esta empresa, que creó en Panamá, firmó un contrato con otra compañía que luego tuvo varios contratos con Petroecuador. No obstante, negó haberse beneficiado de la operación.

En la audiencia realizada la noche del lunes, el Fiscal presentó elementos recolectados en su investigación previa (iniciada el 9 de mayo). El objetivo de ese rastreo judicial fue determinar el grado de participación de Álex Bravo durante su gestión en procesos precontractuales y actos administrativos que estarían vinculados de forma directa a empresas en las que son accionistas o trabajan sus familiares.

Esto significa, según el fiscal Franklin Bravo, que las acciones del exgerente de Petroecuador habrían apuntado a usar el patrimonio y los recursos de la estatal, a favor de terceros relacionados con él.
El procesado ingresó a Petroecuador el 1 de junio del 2006 y ocupó diferentes cargos hasta ser Gerente General. Dejó el cargo el 14 de abril del 2016, en medio de las denuncias de Panama Papers.

En su paso por la petrolera pública, explicó la Fiscalía, las tres empresas identificadas se habrían beneficiado con más de 140 contratos.

La instrucción fiscal en este caso durará 90 días y mientras eso se cumpla, el procesado guardará prisión preventiva.

El tráfico de influencias está tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal, y la pena privativa de libertad es de hasta 5 años.

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