23 de mayo del 2015 00:00

El nivel de alerta por la emergencia en la Alóag – Santo Domingo se analiza

afectados Alóag

El sector El Paraíso, asentado en la vía Alóag- Santo Domingo, fue uno de los afectados durante los deslizamientos ocurridos el 19 de marzo del 2015. Foto: Juan Carlos Pérez/ EL COMERCIO

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Bolívar Velasco

Las autoridades estudian las condiciones climáticas y la situación de las familias que viven a lo largo de la vía Alóag- Santo Domingo, en el occidente del Ecuador.

Con ello se busca cambiar el nivel de alerta de emergencia que se declaró luego del 19 de marzo del 2015 cuando en esta carretera ocurrieron al menos 13 derrumbes que segaron la vida de 14 personas, entre las provincias de Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas.

La presidenta del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) de Santo Domingo de los Tsáchilas, Doris Merino, anunció que la próxima semana se reunirá este organismo para evaluar si se pasa de la alerta naranja a amarilla o blanca. Las dos últimas sugieren que la amenaza se intensifica o que está identificada y en monitoreo, según el Manual del Comité de Gestión de Riesgos.

Merino consideró que la etapa más complicada se está superando, aunque aún está pendiente la reubicación de las familias del recinto Unión del Toachi.

Esta localidad se encuentra asentada sobre montañas que se fraccionan con las lluvias, que además provocan deslizamientos de tierra.

En una visita que el presidente Rafael Correa realizó a esta zona dijo que es necesario que los organismos locales pusieran en marcha un plan para reubicar a los habitantes.

Pero el alcalde Víctor Manuel Quirola recordó que el compromiso para ejecutar las obras por emergencias será con responsabilidad compartida con el Gobierno.

“El 50 % que nos corresponde lo pondremos de acuerdo con la disponibilidad y a la competencia. Así lo acordamos y así vamos a seguir trabajando”.

Según el estudio socio económico que levantó el Cabildo en Alluriquín, existen 20 familias afectadas que perdieron 17 casas en la emergencia del 19 de marzo del 2015. Entre ellos existen 32 personas que corresponden a grupos vulnerables, como niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Entonces el Municipio también definió un cronograma tentativo para atenderlos.

El plazo promedio fue de dos meses en el que se realizaría la construcción de viviendas para los damnificados en terrenos donados por una empresa privada.

María Pérez fue una de las afectadas en Alluriquín y dijo que en junio vencerá el plazo que el Municipio les ofreció para construir sus nuevas viviendas en zonas seguras. Ella no sabe si están en construcción ni tampoco las autoridades se refieren al tema.

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