El alcalde Mauricio Rodas realizó un recorrido por la Plaza Grande y San Francisco para constatar los daños por las marchas de los sindicalistas y la feria realizada por Alianza País. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
La sanción que se remitirá al concejal Marío Guayasamín, de Alianza País, por el mal uso del espacio público en sitios patrimoniales históricos es analizada en la Alcaldía de Quito.
El pasado viernes (20 de marzo) el edil Guayasamín reconoció que no tenía autorización para estacionar dos vehículos del canal Gama TV, donde labora, junto a la Catedral, en la Plaza Grande.
Luego de recibir un llamado de atención público de parte del alcalde Mauricio Rodas, el concejal mencionó que él asumirá la multa por esta inobservancia, incluso formalizó ese pedido ante la Administración Zonal Centro. Sin embargo, hasta este miércoles 25 de marzo aún no ha sido sancionado.
Las autoridades analizan el caso, informó Santiago Zeas, vocero del alcalde Rodas. El proceso para sancionar al concejal está abierto, pero se “requiere una evaluación a profundidad, porque hay varias normas que regulan el mal uso del espacio público en sitios históricos patrimoniales”.
La Ordenanza Metropolitana 260, que trata sobre Áreas y Bienes Patrimoniales señala, en el artículo 38, que al interior de los espacios públicos como plazas, plazoletas, atrios, portales, escalinatas, parques y jardines está prohibido el ingreso vehicular de cualquier tipo. Hay excepción para los vehículos de bomberos, ambulancias y Policía Nacional para la atención de emergencias y protección civil. Se incluye también los carros que realizan recolección de basura.
Otra Ordenanza es la 201, que aborda sobre Seguridad y Convivencia Ciudadanas. Su artículo 58 determina que el uso de espacios públicos sin autorización, o que rompa las prohibiciones que se establecen al respecto, será sancionado con una multa de USD 100.
El Código Orgánico Integral Penal sanciona también está falta. El artículo 282 señala que la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por una autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
El vocero de la Alcaldía dijo que en los próximos días se conocerá cuál será la sanción que reciba el concejal Guayasamín. De acuerdo con el art. 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público, los servidores públicos deben respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley.