El acalorado debate tomó poco más de una hora. El pleno del Consejo Provincial del Guayas resolvió pedir una reunión con el presidente Rafael Correa para exponer su rechazo a la separación de territorio de cuatro cantones. En la sesión, la mañana de este martes 31 de enero del 2017, también solicitaron que la actual Asamblea Nacional resuelva el tema.
Las quejas se mantienen desde la resolución emitida por el Comité Nacional de Límites Internos (Conali), sobre las controversias limítrofes entre Guayas y las provincias de Los Ríos, Manabí, Azuay y Bolívar.
El prefecto Jimmy Jairala recordó que presentaron documentos históricos, mapas censales, levantamientos cartográficos y más pruebas ante el Conali. Sin embargo, afirma, no fueron aceptadas.
“Las pruebas que planteamos con la estrategia A, por ejemplo, fueron presentadas y no fueron aceptadas. Y con el mismo protocolo, presentadas por otra provincia, sí fueron aceptadas. Eso ya no es técnico, eso puede ser político”, aseguró el prefecto.
Guayas defiende como suyo 146,2 kilómetros cuadrados (km2) del cantón Bucay que pasarían a Bolívar, y otros 2,27 km2 que irían a Los Ríos; 97,39 km2 de Balzar están en disputa con Manabí; y 1 km2 de Balao, en conflicto con Azuay.
El alcalde de Bucay, Rubén Miranda, propuso además crear una comisión para continuar con los reclamos. Este grupo estará conformado por los alcaldes de El Triunfo, Balao y Balzar. Y tendrá el respaldo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Guayas.
Bucay es uno de los cantones más afectados. Según datos de la Prefectura, perdería unos 22 recintos, que abarcan 2 500 habitantes y unas 850 viviendas.
Para el alcalde de Balao, Luis Castro, la disminución de territorio afectará el presupuesto de los cantones guayasenses. Además recordó que este conflicto surge en una época electoral. “La suma de votos, que irá a Azuay y ya no a Guayas, nos perjudica en la repartición de los recursos”.
Otro de los puntos de la sesión fue la habilitación de una vía alterna a la estación del peaje en el cantón Yaguachi. La medida, implementada por esta municipalidad, generó polémica.
El procurador síndico de la Prefectura, Milton Carrera, explicó que ese by pass está causando un desequilibrio económico al contrato de concesión vial, que deberá ser asumido por el Gobierno Provincial. El perjuicio asciende a alrededor de USD 200 000.
Frente a este tema, Jairala informó que analizarán si cobrarán ese monto por vía coactiva al Municipio de Yaguachi. “Penosamente, tendremos que llegar a otra instancia de carácter legal, porque no puede seguir abierto ese paso lateral”, dijo.