22 de junio de 2014 18:30

3 alcaldes esperan los efectos de la enmienda

Los cabildos ya no trabajarían en salud, educación, seguridad social y vivienda. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Los cabildos ya no trabajarían en salud, educación, seguridad social y vivienda. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Redacción Política 
politica@elcomercio.com

En el paquete de 12 enmiendas que el bloque parlamentario de Alianza País enviará a la Corte Constitucional (CC) para que permita modificar la Constitución, está el artículo 264, que se refiere a las competencias exclusivas de los gobiernos municipales.

De los 14 numerales que tiene este artículo, se pretende modificar el séptimo, sobre la planificación, construcción y mantenimiento “de la infraestructura física de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo de acuerdo con la ley”.

Por fuerza de constitucionalidad, se cambiaría el inciso G del artículo 55 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía de Descentralización (Cootad), que dice lo mismo que la Constitución. Y así se ajustaría el artículo 261 de la Carta Magna, que sostiene que es competencia exclusiva del Estado central las políticas de educación, salud, seguridad social y vivienda.

Pero esta enmienda solo transformaría lo referente a educación y salud. Para Virgilio Hernández, uno de los autores del Cootad, es algo que debe ser pensado, a pesar de que “el régimen de descentralización y autonomía del país es uno de los más avanzados de la región”.

De tener un dictamen constitucional favorable de la CC, la fuerza numérica de Alianza País en el Parlamento permite pronosticar que la enmienda avanzará en los 13 meses entre primero y segundo debate.

Además, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, comenzó su presentación del paquete de enmiendas, el jueves pasado (19 de junio de 2014), recordando que las plantean “basados en la absoluta responsabilidad como actores políticos de la Revolución Ciudadana que ha captado el apoyo de millones de ciudadanas y ciudadanos”.

Contrariamente a otras iniciativas legislativas, como el
Código de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (aún en borrador) que fue rechazado por muchos alcaldes, sobre todo de oposición, esta parece no tener mayores reparos, al menos desde los cabildos de las principales ciudades del país. Y aquello parece tener una causa: “solo afectaría a Quito y Cuenca, que ya tienen”, dice el académico Fernando Carrión.

Quizá por eso el alcalde guayaquileño, Jaime Nebot, no solo que no critica la eventual enmienda, sino que la aprueba, con un reparo: debería regir a futuro. “Lo hecho hasta aquí está de acuerdo con la Constitución, errada o no, pero vigente, por lo que no se puede impedir que lo hecho continúe”, dijo.

Para su homólogo cuencano Marcelo Cabrera, los municipios deben actuar con responsabilidad al recibir una competencia y seguir los lineamientos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y otros organismos competentes.

Además, sostiene, las competencias pueden ser retiradas si no hay una acción efectiva en ese ámbito. Mauricio Rodas, de Quito, prefiere no comentar hasta conocer los alcances de la propuesta de enmienda.

Durante su enlace del sábado, el presidente Rafael Correa se refirió a la supresión total del artículo 7, lo que implicaría también sus competencias sobre los espacios públicos para desarrollo social, cultural y deportivo, algo que no quedó claro luego del taller del jueves.

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