16 de octubre de 2016 00:00

7 000 personas todavía permanecen albergadas en Manabí y Esmeraldas

En el albergue Fuerza Sucre en el ingreso a Bahía de Caráquez, cantón Sucre, viven aún 55 familias. El lugar llegó a acoger a más de 90 familias. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO.

En el albergue Fuerza Sucre en el ingreso a Bahía de Caráquez, cantón Sucre, viven aún 55 familias. El lugar llegó a acoger a más de 90 familias. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO.

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Alexander García
Redactor (I)
agarciav@elcomercio.com

Ella encontró la forma para hacer útil los materiales de desecho de las donaciones que llegaron tras el terremoto del 16 de abril. Convierte las latas de atún en la base de alfileteros para agujas de costura. Y el cartón TetraPak de la leche forma el soporte interior de coloridas carteras de tela.

María de Lourdes Cobeña trabaja sus manualidades en la puerta de su carpa, en el albergue del antiguo aeropuerto de Portoviejo, que acoge a 149 familias, y donde dicta talleres a otras albergadas.

La mujer de 47 años es una de las 7 001 personas que, seis meses después del terremoto, continúan viviendo en 24 albergues de las provincias de Manabí y Esmeraldas; un 58% menos de los iniciales.

El balance de los seis meses arroja cifras como la de 3,7 millones de metros cúbicos de escombros desalojados. También 8 699 edificaciones demolidas en Manabí, donde aún restan por derrocar otras 1 000, según el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva. Y 658 derrocamientos se ejecutaron en Esmeraldas, donde faltan por demoler 152 edificaciones.

La casa donde vivía Cobeña sufrió daños en el techo y paredes. Ella llegó a la antigua terminal aérea la misma noche del 16 de abril. Fue coordinadora de un grupo de 16 familias en una carpa grande, durante las primeras tres semanas, antes de que los ubicaran en carpas individuales. Allí vive desde entonces, junto a su hija de 18 años, en un espacio de 4 metros por 3,30 m.

“Es un poco incómodo y caluroso, pero estamos seguros, sobre todo, y amparados por todo un personal de apoyo”, explica Cobeña. El lugar cuenta con 576 albergados, pero llegó a tener 1 300 personas.

Carlos Bernal, secretario Técnico del Comité para la Reconstrucción, considera que se ha reducido rápidamente la población en los albergues gracias a le entrega de casas y a los bonos de alquiler, alimentación y acogida. “La población de los albergues tiene todas las atenciones, pero siempre se busca una mejor calidad de vida para las personas afectadas”.

Se han entregado USD 7,3 millones en bonos de acogida, alquiler y alimentación a 40 150 familias beneficiadas. “Comenzamos con 30 albergues, hoy tenemos 24. Estamos próximos a cerrar otros cuatro. Antes teníamos 12 000 personas en albergues, hoy tenemos 7 000”, apuntó Bernal.

En total, el Gobierno prevé construir 25 proyectos habitacionales, 13 de ellos están en ejecución y 12 en estudios. Ya se han entregado 62 viviendas del Proyecto Sí mi Casa, en Manta; y 40 en Acuarela II, en Bahía.

La ministra de Vivienda, María de los Ángeles Duarte, explicó que además se construyen viviendas en terreno propio, tanto en el sector urbano como en el rural, para un total de alrededor de 22 000 casas. La asignación para vivienda es de USD 253,4 millones en proyectos para construcción en terreno urbanizado por el Estado, y para reparación y construcción en terreno propio.

El Gobierno tiene asignados todos los recursos generados por la Ley de Solidaridad, USD 1 499 millones hasta la fecha. Pero a seis meses del terremoto aún existen familias viviendo en refugios improvisados. Solo en el barrio María Auxiliadora, en Bahía de Caráquez, en el cerro del mirador La Cruz, hay casi 200 que acomodan colchones en carpas de caña y plástico, o que aún mantienen pequeñas tiendas de acampar sobre las veredas.

El resto vive en terrenos que le han ganado al cerro; hay dos grupos de refugios de láminas de metal. O armaron sus propios albergues con lonas, carpas o plástico sobre canchas deportivas, ante la afectación parcial o total de sus casas.

“El Gobierno local nos tiene olvidados y los organismos del Estado llegan a paso lento”, dijo Antonio Alcívar, dirigente del sector. “Estamos esperando un informe de riesgo y hemos pedido que se sectorice, porque hay sitios que no están en peligro, donde igual no hay permiso para reconstruir”.

La zona tiene antecedentes de deslizamientos con muertes y también fue afectada por el terremoto del 1998.

El presidente Rafael Correa advirtió esta semana, en Manabí, que existen habitantes en zonas de riesgo que se niegan a la reubicación y que deberán asumir su responsabilidad en futuras desgracias.

En el barrio María Auxiliadora hay propietarios que se niegan a la reubicación. Pero Lourdes Mera, de 33 años, se conmueve casi hasta las lágrimas ante la posibilidad de ser reubicada en una casa. Lleva viviendo seis meses en una pequeña estructura de perfiles de tubos de PVC y plástico, junto a sus tres hijos y su esposo.

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