3 de junio de 2017 00:00

Alarmas comunitarias frenan los delitos

Moradores de la Cooperativa de Vivienda Nuestros Hijos realizan simulacros para el uso de la alarma comunitaria. Foto: Eduardo Terán/EL COMERCIO

Moradores de la Cooperativa de Vivienda Nuestros Hijos realizan simulacros para el uso de la alarma comunitaria. Foto: Eduardo Terán/EL COMERCIO

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María Belén Merizalde
Redactora (I)
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Un total de 1 201 alarmas comunitarias se encuentran instaladas en barrios de Quito; sin embargo, existe ­un alto número de solicitudes para que estos dispositivos sean colocados en otros sectores, con el fin de reducir los índices delincuenciales.

En promedio, de 6 a 10 oficios ingresan mensualmente a la Secretaría de Seguridad del Municipio capitalino, donde se solicita la colocación­ de alarmas comunitarias. Al no existir nuevos dispositivos para satisfacer la demanda ciudadana, únicamente se realiza una relocalización o reubicación de aquellas que estén siendo subutilizadas.

“La alarma comunitaria es solo una herramienta, lo realmente importante es la organización barrial. Hay comunidades que se descuidan y dejan de trabajar en conjunto, con lo cual la alarma comunitaria deja de funcionar. En esos casos nosotros hacemos una evaluación para una posible relocalización del dispositivo en un nuevo barrio, que demuestre estar preparado para asumir la responsabilidad de poseer una alarma”, explicó Cristina Mesías, directora Metropolitana de Gestión de la Seguridad (e).

Desde el 2014 hasta mayo del presente año se han relocalizado 140 alarmas, una de ellas es la que desde hace 15 días fue instalada en la Cooperativa de Vivienda Nuestros Hijos, en el centro-sur de Quito.

La comunidad de ese barrio se organizó hace aproximadamente ocho meses, luego de que uno de sus vecinos fuera asesinado por no permitir que le robaran sus pertenencias. “La muerte de nuestro vecino nos empujó a buscar estrategias para poner fin a la delincuencia. Por eso, al conocer de este sistema de alarmas nos pusimos de acuerdo para conseguir ser beneficiarios de este servicio, pero es realmente importante que la gente pierda el miedo y se una”, comentó Mónica Tayán, presidenta de la cooperativa.

Las alarmas solo son reubicadas una vez que funcionarios de la Secretaría de Seguridad hayan comprobado y evaluado el nivel de organización de la comunidad y luego de una inspección técnica, en la que se determina la existencia de conectividad, es decir, si la señal de telefonía móvil es ade­cuada para que se pueda activar el dispositivo.

El barrio que va a ser beneficiado con una alarma de este tipo debe realizar una asamblea, en donde se elige a 24 vecinos que serán los encargados de activarla -en caso de riesgo- a través de su ­teléfono celular, el cual tendrá instalado un código, que al ser digitado hace que automáti­camente el dispositivo empiece a sonar y alerte a los demás moradores que deben salir a apoyar al vecino que se encuentra en riesgo.

Una vez que culmina el proceso de colocación y activación, la Secretaría de Seguridad acude constantemente al barrio para capacitar a los vecinos y organizar protocolos de acción y reacción.
Según el teniente de Policía José Luis Paredes, jefe del circuito La Libertad, en la Cooperativa Nuestros Hijos se registraban mensualmente tres robos a domicilios. “La alarma es un dispositivo que permite que la comunidad se una y trabaje en conjunto con nosotros, para poder reaccionar rápido ante cualquier cometimiento de delitos”, comentó.

Paredes asegura que desde la instalación de la alarma no se ha producido ningún delito, esto porque los delincuentes “prefieren no acudir a barrios que se muestran organizados”.

Los habitantes del barrio Patrimonio Familiar - Etapa 2, localizado en el suroriente capitalino, aspiran a contar con una alarma, por lo que ya enviaron una solicitud a la Secretaría de Seguridad. Su interés surgió luego de ver que en la cuarta etapa de su mismo barrio los robos han disminuido considerablemente, pues ahí ya poseen este dispositivo.

“Hay casos en los que no es necesaria la reubicación, pues solo relocalizamos, es decir ponemos la alarma en un lugar que pueda beneficiar a dos comunidades y entregamos la responsabilidad a 12 vecinos por barrio”, explicó Mesías.

Cifras del último estudio realizado por el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana revelan que entre 2013 y 2015 el robo a domicilios se redujo en un 8% en barrios que cuentan con las alarmas comunitarias.

En la Administración Zonal Eugenio Espejo es donde se
ha evidenciado una conside­­ra­ble reducción en cuanto a de­litos, pues desde el 2013 la cifra bajó un 24%.

Raúl Tapia, director del Observatorio, explica que las alarmas, además, han permitido que la comunidad se empodere de la seguridad de su barrio y decida realizar la denuncia correspondiente en caso de que se cometa algún delito.

“Hicimos una medición y un 80% de la ciudadanía no denuncia cuando es víctima, por ejemplo, de un robo. En cambio, un 50% de personas que habitan en barrios que cuentan con el sistema de alarmas sí lo hacen”.

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