9 de June de 2009 00:00

Al Gobierno le molestó la información que dimos sobre los nexos de funcionarios con las FARC: Teleamazonas

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Quito, AFP

El proceso por el cual podría ser cerrado el canal Teleamazonas, crítico del presidente Rafael Correa, evidencia la molestia del gobierno con las revelaciones que hizo el medio sobre los nexos de funcionarios con las FARC, dijo hoy su jefe de información, Carlos Jijón.

“Lo que en realidad ha molestado es la información que hemos dado sobre la vinculación de miembros del gobierno con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, declaró Jijón a la prensa extranjera en una conferencia conjunta con otros periodistas de Teleamazonas.

El responsable aludió a las denuncias -planteadas también en su momento por Colombia- sobre una supuesta complicidad de autoridades ecuatorianas con la guerrilla colombiana, y la detención de un ex subsecretario del ministerio de Gobierno que confesó su cercana amistad con un líder de ese grupo.

La televisora fue multada con 20 dólares por transmitir imágenes taurinas en un horario no autorizado, y desde el lunes enfrenta otro proceso por divulgar información “basada en supuestos”, según el Consejo de Radiodifusión y Televisión (Conartel) , bajo el control del Ejecutivo.

En caso de ser sancionada por segunda vez el canal saldrá del aire por 90 días. Asimismo, el presidente Correa anunció que demandaría a Teleamazonas por “instigar, con información falsa” una protesta de pobladores contra un proyecto energético en el que participa Venezuela.

“Creemos que no es cierto que es por los toros que nos están juzgando o nos quieren cerrar, nos están juzgando por haber informado otras cosas”, expresó Jijón.

Teleamazonas ha recibido el respaldo de varias fuerzas de oposición y de otros medios, que aseguran que tras la sanción del Conartel está la intención del gobierno de acallar a un medio de oposición.

Desde el lunes el canal interrumpe cada tanto su programación para mostrar las protestas que, en número creciente, empiezan a darse frente a sus instalaciones en Quito y Guayaquil, en defensa de la libertad de expresión.

“Creemos que no tenemos un derecho a la defensa, que no estamos siendo juzgados por un tribunal imparcial, ni estamos siendo juzgados de acuerdo a la Constitución y a las leyes”, lamentó Jijón.

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