23 de March de 2010 00:00

Al Fiscal le quedan 14 días para investigar el caso ambulancias

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 Redacción  Judicial
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El 6 de abril se cerrará  la  instrucción  que la Fiscalía General abrió    por  las  supuestas  irregularidades en la  compra  de 115 ambulancias en    el Ministerio de Salud.
      


USD  3,9 millones
costaron las 115   ambulancias que el Ministerio de Salud compró a
Euromedical.   Antes  de que se cumplan los 90 días  que toma este proceso,  el asambleísta  de oposición y  quien ha presentado denuncias  en contra de la ministra de Salud, Caroline Chang,   Leonardo  Viteri,  exigió   que  el caso    sea llevado personalmente  por el fiscal general del Estado,     Washington Pesántez, y no por el subrogante, Alfredo Alvear.
  
El pronunciamiento  del legislador     se dio   luego de      que  el sábado    el presidente Rafael Correa respaldara  a Pesántez.  “Si no hay   compromisos, que  el Fiscal   recoja   las pruebas  que hemos entregado  y que   se pronuncie en contra de los culpables   por las irregularidades  cometidas en las compras”.

El  6  de enero  quien concurrió  a la audiencia de formulación de  cargos fue  precisamente Alvear. Con base en   el  examen número    DA -0026-2009 (DIRES-1159- 2009) de la Contraloría,  el funcionario estableció indicios de responsabilidad penal en contra de Chang  y     de siete personas. 
   
En diálogo con este Diario, Alvear solo     dijo que esperará       a que se cumplan  los 90 días para  pronunciarse. Jorge Acosta, uno de los abogados    de Chang,  señaló   ayer que  remitieron   a la Fiscalía    documentos “que  demuestran que no hubo perjuicio para el Estado” en la compra de vehículos.  

“En este tiempo,    peritos designados  por las fiscalías  provinciales   realizaron inspecciones   a las ambulancias”, señaló Acosta.  Es decir, se verificó  el estado  técnico y  mecánico de los automotores    comprados a     la empresa Euromedical en USD 3,9 millones.

Este Diario conoció que los resultados  de  estos   peritajes  se harán públicos cuando  la Fiscalía lea  el  dictamen final, que puede ser acusatorio o  abstentivo.

La  Contraloría   dijo en su informe remitido a la Fiscalía  que   el contratista cumplió  con las  especificaciones técnicas de los 115 vehículos, pero no  con el equipamiento o ensamblaje,   al cual calificó “de mala calidad”.

Hasta ayer, la ambulancia de la Maternidad Isidro Ayora operaba, por ejemplo,     con una camilla y un pequeño tanque de oxígeno. Así se mantiene desde abril del 2008, cuando el presidente Rafael Correa entregó los automotores y    se anunció   que incluso    tendrían monitores, desfibriladores, médicos y    paramédicos.
 
El Director de la Maternidad,  Humberto Navas, indicó que   no han tenido problemas con los automotores y que   “han  sido de gran ayuda para los usuarios”.    

No obstante,   los asambleístas de  Acuerdo por la Descentralización y la Equidad (ADE)  consideran que debe iniciarse   un juicio político contra  Chang.  
               
Alfredo Ortiz, portavoz de ADE, señaló   que mañana en la tarde se   reunirán    con legisladores  de Alianza País.  “Vamos a escuchar   qué  pruebas tienen    ellos  contra el fiscal   Washington Pesántez   para el juicio  político   y nosotros  expondremos    las pruebas que tenemos contra la Ministra de Salud”, para hallar acuerdos.

Según Acosta,  no se han cometido irregularidades. “Con las ambulancias    se demostró que la  concesionaria bajó un 10% al  precio inicial de los automotores. Eso hizo que la empresa  venda al Ministerio de Salud a menor precio”.       

Ortiz reconoció que no han  investigado este caso, sino la compra de camas  para terapia intensiva.  Sin dar mayores detalles aseguró que el posible juicio político se plantearía  por   la  adquisición   de   “200 camas   para terapia intensiva    con  un (supuesto) sobreprecio de  hasta USD 4 000”. 

Los problemas  también  se centran  en la compra de 370 camas hospitalarias que  Salud adquirió en junio del 2009, por la emergencia AH1N1.  A través del contrato número 0000103,  el Ministerio compró   cada una en  USD 820. Sin embargo,  dos empresas que ofertan otras unidades con
más servicios venden   cada una  en USD 700 o menos. 

La Fiscalía solo inició una instrucción en el caso ambulancias. Acosta  aseguró   que de  concretarse  un juicio penal en contra de la Ministra de Salud   se  “verán las caras con  quien se ponga como acusador en este proceso”. Para él, es irrelevante que el caso sea impulsado por Alvear o Pesántez. “Vaya quien vaya, no nos preocupa”.

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