Olga Imbaquingo Revelo
Corresponsal en Nueva York
judicial@elcomercio.com
Un mar de reclamos y disconformidades aqueja a la Defensoría del Pueblo en EE.UU., tanto que el máximo representante de esa institución, Fernando Gutiérrez, llegará hoy a Nueva York a tratar de aclarar y calmar las molestias.
Amanda Merritt
Es quiteña, residente en EE.UU. desde hace más de tres décadas. Fue cónsul ad honórem en ese país.
En 2007 fue candidata de Pachakutik a la Asamblea Constituyente, por los emigrantes de Estados Unidos y Canadá.
Fue presidenta de la Federación de Ecuatorianos en el Exterior (Fedee), entre 2002 y 2004.
Gutiérrez le dijo a EL COMERCIO en agosto de 2008 que “se examinará la situación de cada uno de los empleados” y que analizará si
hay casos de nepotismo. Pero los críticos de la Defensoría sostienen que no lo ha hecho.
“Los inmigrantes no esperamos mucho de esta visita. Hay irregularidades con las representantes. La Defensoría se ha convertido en una cuenta de deportados y las autoridades no han hecho nada”, dice el dirigente comunitario Walter Sinche.
Según él, Amanda Merritt, la representante de la Defensoría del Pueblo en EE.UU., le dijo en marzo que estaban asistiendo a Rocío Sancho, madre del niño de 2 años, Jonathan Sancho, que fue brutalmente golpeado en Newark. Sinche llamó a Sancho y ella le aseguró que nadie de la Defensoría la contactó por el caso.
Sancho ratificó a este Diario: “Nunca he recibido una llamada de ellos. No sé quiénes son”. Eso pese a que el caso causó conmoción al este de EE.UU. Si tanto dicen trabajar, ¿por qué no presentan un informe?”, dice Sinche.
En el centro de las críticas están Merritt, quien trabaja desde Texas, y Amelia Sánchez, quien labora en Nueva York como asistente administrativa. Las dos fueron nombradas, sin concurso de merecimientos, por el ex defensor del Pueblo, Claudio Mueckay.
Merritt a veces firma como Amanda Álvarez Vaca, pero en las denuncias y documentos de las cortes de Texas aparece como Amanda Vaca. Según documentos de la Corte de Texas, fue advertida en dos ocasiones por el Comité The Unauthorized Practice of Law (que vendría a ser el Comité de Ética del Colegio de Abogados de la Corte): en 1989 y en 2003.
En los dos casos recibió llamados de atención para que no usara el título de abogada o doctora en leyes. Un documento de mayo de 2003, firmado por Lindsay L. Lambert, del subcomité del Distrito IV de Texas, le pide que indique dónde funciona la oficina legal que tiene. “La falta de respuesta obligará a citarla con la presencia de testigos que den testimonio y ofrezcan evidencias tangibles, si es necesario”, reza el documento.
Este Diario habló con Lambert. Dijo no recordar el asunto, porque es de hace tiempo, pero aseguró que ese es el tipo de cartas que suelen enviar en estos casos.
En 2003 fue citada ante el comité de abogados de la Corte Suprema de Texas. Según documentos certificados de la Corte, el 15 de diciembre de 1989 Merritt fue prohibida por mandato judicial permanente de hacerse pasar por abogada o doctora en leyes para casos de inmigración, amnistía, DD.HH., negocios…
Pero, pese a la prohibición que tiene en EE.UU., en febrero de 2008, envió un e mail con la firma Amanda Merritt J.D., que quiere decir doctora en leyes.
Merritt dice no saber del llamado de atención de 2003, pero sí reconoce el caso de 1989, “pero no es como allí se dice”. En otro momento señaló: “Usted tiene la prohibición de la Corte, pero ya veo que no tiene la restitución”. Según un abogado consultado, esa figura no existe en estos casos, al menos en Nueva York.
Según ella, es víctima de odios. “Nunca me han probado nada. De qué me acusan. Por qué no miran que estoy haciendo un buen trabajo, incluso con dinero de mi bolsillo”. En la Defensoría del Pueblo aparece como licenciada en Ciencias Políticas y Sociales.
Cuando se le recordó que ese no era título de abogada y que ese diploma proviene de la clausurada Universidad Cooperativa de Colombia, dijo: “Nadie puede negar que tengo un título. No se requiere ser abogada para este cargo. Soy ecuatoriana honorable y eso basta para calificar”.
Este Diario habló tres veces con ella para obtener pruebas que desvirtúen las acusaciones del pasado que existen en su contra. Entre intimidaciones judiciales a EL COMERCIO aseguró que haría llegar documentos. Hasta el cierre de esta edición no lo hizo.