Madrid. DPA
Los responsables “no vigilan la impunidad” con la que se actúa en esos lugares, principalmente en Andalucía, Cataluña y Madrid, que reúnen el 55% de este tipo de centros para menores.
Los afectados
“Me pegaban, me ataban a la cama, ponían esparadrapos en la boca y me pinchaban…”, dijo Sara Casa, quien actualmente tiene 25 años y pasó por esas instituciones.
Según recordó AI, el Defensor del Pueblo español ya denunció este tipo de situaciones en su último informe.Por ello, AI instó al Ejecutivo a investigar de forma urgente las violaciones a los derechos humanos que denuncia en su informe ‘Si vuelvo, ¡me mato!’, que recoge las conclusiones de 150 entrevistas realizadas a más de 50 menores, familiares, así como educadores.
“Si yo atara a mi hija a una silla con cinta de embalar, si le diera medicación sin decirle para qué, si la mantuviera varios días aislada en una habitación y si además me negara a informar a nadie de lo que le ocurre a mi hija, el fiscal o la autoridad judicial me la quitaría. Si esto lo hace el Estado en los centros terapéuticos… no pasa absolutamente nada”, dijo el director de AI en España, Esteban Beltrán.