6 de June de 2009 00:00

Solo el agua puede rebelar a los indios

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Ángela Meléndez.   Redactora
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El  mismo camino,  irregular y árido,   las une. Turuco y Santa Bárbara parecen una sola comunidad. Las casas de adobe  y teja quemada,  los maizales desbordando... son idénticos. Entre estos  poblados indígenas de Cotacachi (Imbabura) solo  resalta   una  diferencia. Las banderas que están en las  viviendas son radicalmente distintas.

En Turuco se izan  las verdes con azul; también hay afiches en las ventanas,  que tienen impreso algo  parecido al  rostro de Rafael Correa. En cambio, a un paso, en Santa Bárbara,  flamean  las de color arco iris, las de Pachakutik.
 
La  ideología expresada en colores es solo la señal de un conflicto  vigente: la lucha por el agua.

Hasta 2002, las 53 familias de Santa Bárbara se beneficiaban de las fuentes  de Turuco, pero eso cambió. Los dirigentes les dieron dos años para que busquen sus propias vertientes. Digna Guandinango, presidenta de Sta. Bárbara, cuenta que aceptaron la decisión e iniciaron la búsqueda. “Hicimos los trámites para que nos den la vertiente de  Ilpaquí y se nos entregó legalmente”.

Joselo Alta lo niega. “Esa fuente es nuestra, que busquen otra”, dice el líder de Turuco, donde viven 38 familias. Estas  divergencias llevaron a un juicio que aún no concluye. El punto más crítico de este conflicto llegó durante  la campaña electoral, cuando Sta. Bárbara apoyó a Auki Tituaña, quien perdió la Alcaldía. “Nos hacen  problema porque estuvimos con el Auki (Pachakutik) y no con la 35, pero el agua es algo sagrado”,  añade  Guandinango.
 
Como lo dice la mujer, el líquido vital es para los indígenas la sangre que alimenta a la Pacha Mama. Cuando se les pregunta  ¿de quién es el agua?, ellos responden sin duda: “De nosotros”.
Por eso, en las comunidades, el lenguaje  técnico es  lo de menos y se habla claro: “Lo único que provocaría un levantamiento masivo es que se metan con el agua”.
 
Así lo asegura  Manuel Castillo, presidente del   Consorcio de Desarrollo de Manejo Integral de Agua y Ambiente Cayambe-Pedro Moncayo (Codemia CPM), que agrupa a 60 comunidades y a más de 200 dirigentes. Él sabe que la Constitución prohíbe la privatización del agua; sin embargo, eso no borra sus dudas. 

La presencia de las floricultoras en Cayambe lo inquieta. Con el índice de su mano derecha apunta a los páramos, donde cuenta  que el agua se conserva. “Si el Gobierno deja que las empresas se expandan, estaremos en problemas”.

En Codemia se trabaja con las juntas de agua, que son administradas por los propios usuarios. En la Sierra, según la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), existen  47 000 juntas y  directorios, mientras que en la Costa se registran  apenas 5 900.

Con esta estructura  de por medio, a  la organización indígena le alarma  lo que se incluirá en las leyes que regularán  el uso y posesión del recurso. Con la misma intensidad siente temor del destino de la repartición de tierras.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en su Propuesta Agraria, presentada en diciembre de 2007, demanda el reconocimiento del papel de los campesinos e indígenas en la preservación del agua; intención que se mantiene hasta ahora.
 
A pesar de ello, los altos líderes indígenas  saben que el tema no radica en que se prohíba la apropiación  del agua, sino en que se desprivatice lo privatizado.

Humberto Cholango, principal de la Ecuarunari (filial Sierra de la Conaie) cree que lo primero que se debe hacer es retirar la concesión de fuentes a las empresas privadas. “Hay hidroeléctricas, floricultoras,  haciendas, camaroneras... que se aprovechan del recurso, mientras que a los indígenas no les llega  agua limpia. Eso se traduce en pobreza y desnutrición”.

Hasta 2007, el 72,84% del líquido vital se destinó a las  hidroeléctricas y el 20,24% al riego. Pero de  ese porcentaje, la tercera parte fue para riego privado y solo el 6% para el público.

Aún no se conoce  cómo se revertirá la situación o si esto ocurrirá. En la Comisión Legislativa y de Fiscalización,  la ley de Aguas descansa en la Comisión de Salud y Ambiente. Por las manos del asambleísta  Jaime Abril (País) y de su equipo ha pasado más de una propuesta. Ellos también están a la espera del documento del Ejecutivo. “Nosotros elaboramos un texto, pero el Presidente debe enviar el suyo”, aclara Abril.
 
También dice que en 15 días se consolidará el proyecto y que la próxima semana se someterán a debate público todas las ideas.
Cholango, en cambio, es cauto, por el momento. El líder que organizó el levantamiento en noviembre de 2008 en  El Cajas, con la misma consigna de defender el agua, no quiere adelantarse. A pesar de ello deja una sentencia latente: “Ojalá no llegue a un levantamiento, queremos que el Presidente cumpla su palabra, pero si no lo hace, habrá una rebelión de grandes magnitudes”.

En Turuco y Santa Bárbara no saben qué pasará con la ley de Aguas, solo quieren vertientes limpias  y no pelear por ellas.

Punto de vista
Tomás Patajalo/ líder indígena

‘Sin  agua no se cosecha’

 En Colta (Chimborazo) se cultivan papas, habas, ocas... La gente vive de lo que está en sus terrenos, y si no se tiene agua es difícil sembrar, cosechar, no se puede.

Este Gobierno se debe preocupar por el campo, por los indígenas. Debe preocuparse por el riego, porque no nos quiten el agua y que mejor legalicen nuestra situación. Si no hay comida en el campo, no hay comida en el mercado ni en ningún lado.

La Corporación de Organizaciones Indígenas de Colta agrupa a  13 comunidades, que están preocupadas por lo mismo.
Incluso proyectos como la Caja Rural de Mujeres depende de lo que ellas produzcan en sus terrenos. Aquí somos organizados, cuando necesitamos nos reunimos y si hay que defender los recursos, también nos uniremos.

Hasta ahora hemos apoyado al Gobierno, pero aún no vemos resultados sobre lo que él dijo, estaremos atentos.


Las concesiones  se deben revisar hasta octubre

La Función Legislativa   tiene hasta el 20 de octubre de este año para aprobar la Ley de Aguas. El proyecto está  en la Comisión  de Salud y Ambiente.

El art. 12 de la  Constitución dice que el derecho  al agua es fundamental e irrenunciable y que esta constituye un  patrimonio  estratégico de uso público, inalienable e  imprescriptible.

El artículo 282  prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua .

Hasta octubre,  las concesiones  de servicios públicos en agua y saneamiento   serán auditadas financiera, jurídica, ambiental y socialmente. El Estado definirá la vigencia, renegociación o terminación de los contratos.

El Ejecutivo   tiene hasta octubre de 2010 para revisar la situación de acceso al agua de riego con el fin de reorganizar el otorgamiento de las concesiones.

Según el art. 318,  la gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria.

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