Amigos de Fernando Balda estuvieron el viernes en los exteriores de la Fiscalía.
Dos agentes de Inteligencia que están detenidos desde el 19 de marzo por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda comenzaron a entregar a la justicia material para seguir con el proceso judicial.
El miércoles, por ejemplo, en una diligencia reservada que se llevó a cabo en Criminalística, se exhibieron audios entregados por uno de los tres policías capturados en Quito.
En esta diligencia se extrajeron cerca de 80 horas de grabación que deberán ser transcritas por los peritos y en aproximadamente 15 días formarán parte del expediente del caso.
“Lo que se hizo fue verificar qué tiene relación con el caso y qué no”, señaló Felipe Rodríguez, abogado de Balda.
Los policías fueron notificados por la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria en febrero del 2018. Lo hicieron el 5 y 8 de febrero, y allí se acogieron al derecho al silencio.
Sin embargo, luego decidieron cooperar con la Fiscalía y, dentro de ese acuerdo, además de los audios entregarán cartas que enviaron al expresidente Rafael Correa, en relación con el caso. Diego Chimbo, abogado de dos de los tres presos, indicó que por ahora no se puede indicar qué información contienen esas misivas y los audios. Esto ocurre porque los agentes están dentro de un proceso de cooperación con la Fiscalía General del Estado.
En la versión sin juramento que rindió el 24 de mayo, al expresidente se le consultó si conocía a alguno de los tres policías procesados y respondió que no. “Ni siquiera había escuchado sus nombres sino hasta después de la versión, por los medios de comunicación”.
Una vez que el Fiscal terminó el interrogatorio de 29 preguntas, Rodríguez, defensor de Balda, le consultó al exmandatario si alguien le comunicó que uno de los policías detenidos le había enviado cartas. Correa respondió: “No. Incluso no identificaba su nombre hasta hace poco”.
Correa explicó que en la Presidencia había una unidad de archivo por donde ingresaba la documentación. “Recibíamos centenas de comunicaciones dirigidas al Despacho Presidencial. Había un jefe de despacho y funcionarios de nivel medio que derivaban la correspondencia a las instancias correspondientes”.
La información que entregarán los dos agentes los pone en riesgo, dice Chimbo. Por eso pidió la semana pasada a la Fiscalía medidas de protección para sus clientes y sus familias. “Todavía no hay resultado. Expreso mi protesta, porque ya se han dado algunas insinuaciones que las puse en conocimiento de la Fiscalía”.
Chimbo sostiene que los familiares de los agentes han sido víctimas de persecución. “Uno de mis clientes ha recibido presiones en la cárcel”.
Por eso espera de que la jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, fije día y hora en la que pedirá que sus defendidos dejen la cárcel y pasen a arresto domiciliario.
Documentos judicializados indican cómo actuaban los tres policías y los lugares que frecuentaban. Por ejemplo, existen facturas de una franquicia hotelera en Bogotá, que detallan que entre el 10 y 13 de agosto del 2012 uno de ellos se hospedó allí. Dos días después de su llegada, cargó a la cuenta de la habitación dos desayunos tipo bufé.
En el documento que remitió el jefe de Protección y Riesgos del hotel a la Fiscalía de Colombia, consta que en la tarifa que pagaban los huéspedes los desayunos estaban incluidos, por lo que “se puede inferir que lo que se facturó fue para dos personas invitadas”.
Además, durante su estancia de tres días, uno consumió vinos y whiskys. Lo que sumó 298 000 pesos, que, según el cambio de esa época, serían unos USD 168.
En otro cuerpo que también forma parte del expediente, se encuentran los movimientos migratorios, que indican que los tres estuvieron en Bogotá a la fecha del secuestro, perpetrado el 13 de agosto del 2012.
Uno de ellos registra viajes a Colombia desde el 8 de abril del 2011. Su compañera, en cambio, desde el 29 de junio del 2012 y el tercer agente solo tiene una salida de Ecuador a Bogotá el 10 de agosto del 2012.