20 de marzo de 2018 00:00

Agencia Metropolitana de Control en Quito demanda más agentes

La Agencia Metropolitana de Control se encarga de verificar que los establecimientos tengan su LUAE. También monitorean a vendedores informales, en espectáculos públicos. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

La Agencia Metropolitana de Control se encarga de verificar que los establecimientos tengan su LUAE. También monitorean a vendedores informales, en espectáculos públicos. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Ana María Carvajal
Redactora
amcarvajal@elcomercio.com

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Una denuncia motivó una controversia en redes sociales cuando, en enero pasado, personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) recomendó a Carolina Bastidas, de la librería El Oso Lector, que retirara su andoteca.

El personal de la AMC, que en el 2017 expidió 3 926 resoluciones sancionatorias, acudió a este sitio por una denuncia de un colectivo, que consideraba que la caja de madera ubicada dentro de un cilindro de alrededor de 40 centímetros era un obstáculo para los transeúntes. Cuando Bastidas pidió el nombre del denunciante, le dijeron que no había uno sino el de un colectivo. Por eso, ella lo considera una denuncia anónima.

De la andoteca, la gente podía tomar libros o dejar los suyos para fomentar la lectura. Tras un mes de diálogos, Bastidas pudo reinstalar la estructura. Ahora cuenta con un permiso especial que debe renovar cada enero. Tras la denuncia, la AMC pidió una garantía por USD 100, que, de comprobarse, sería en una multa.

La AMC aclara que tiene tres canales para detectar incumplimientos: denuncias (incluso a través de redes sociales), flagrancia e informes motivados. Estos últimos los pueden emitir los Bomberos, la Policía Metropolitana o Quito Turismo, dependiendo de si se trata de incumplimiento de normas de seguridad o turísticas.

Bastidas se declaró en rebeldía y no entregó el dinero. Para ella, no debería atenderse una denuncia anónima en casos como este. Agrega que de su experiencia concluyó que “la AMC está lista para cumplir la ley, pero no se hace un ejercicio de análisis de acuerdo con cada caso, para interpretar la legislación. Hace falta un filtro mediador que analice cada caso. Aceptar una denuncia anónima puede hacer que un vecino se desquite de otro por algo que no le guste”.

La AMC tiene la potestad de castigar el maltrato animal y a quienes beban alcohol en la vía pública. Otro motivo de sanción se dirige a quienes coloquen estructuras en el espacio público, incluyendo aceras.

Sanciona a quienes no tengan licencias para construir o planes de seguridad para los obreros de una obra o a quienes no tengan licencia única de actividad económica (LUAE).

También controla las ventas ambulantes, junto con la Policía Metropolitana y podría retener la mercadería, si hay un pedido de la Policía, como lo ocurrido el viernes pasado ( 16 de marzo del 2018)  en La Marín (ver nota inferior).

Según el consultor en seguridad, Daniel Pontón, la labor de una agencia de control y de una policía metropolitana es una sola. Pero la una se encarga del mando operativo y la otra es de choque. Los municipios deben garantizar el ornato y el orden público y desde hace unos 20 años empezaron a manejar agencias para coordinar el control de ciudades complejas por su crecimiento.

Cree que lo que falta es una mejor coordinación interinstitucional para garantizar resultados.

La Agencia Metropolitana de Control realiza los procesos para contratar más personal, según Johanna Aguirre, supervisora de la entidad.

La AMC cuenta con 150 personas en su distributivo. De ellos, 22 son inspectores, 22 son instructores y 10 son resolutores. El resto está en las áreas administrativas. Aguirre afirma que el personal es insuficiente porque debe cubrir todo el Distrito, en el que constantemente crece el número de habitantes y, por ende, la cantidad de incumplimientos.

Por ello, la entidad solicitó al Municipio que se tome en cuenta la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo (COA), el 7 de julio. El fin es adaptarse a los cambios por esta normativa nacional y contar con más colaboradores para incrementar la eficiencia.

El equipo actual es el responsable de imponer sanciones administrativas y de ejercer un control con base en una ordenanza expedida en el 2010, que regula a la Agencia. Las multas se calculan con la remuneración básica unificada como base y pueden ser de USD 30, en temas de venta informal, USD 7 000 en publicidad y en el caso de construcciones, varía según el metraje.

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