Al final de la pista del aeropuerto Río Amazonas, de 1 487 metros de largo, se edifican casas las que representan una amenaza para el aterrizaje o despegue de las aeronaves. Foto: Glenda Giacometti/EL COMERCIO
Los pilotos que utilizan diariamente el aeropuerto Río Amazonas están preocupados por la construcción de viviendas cerca de la zona de la pista. En términos aeronáuticos, están a poca distancia de la superficie de aproximación y despegue (cono de aproximación) de la terminal aérea amazónica.
Las casas edificadas con pilares de madera, paredes de caña guadúa y techos de zinc ocupan una parte de las 805 hectáreas de la exhacienda Té Zulay, ubicada en la parroquia Shell del cantón Mera (Pastaza).
Según Iván Navarrete, presidente de la Escuela de Aviación Pastaza, si hubiera un percance con una aeronave, el piloto no tendría la oportunidad de aterrizar en una zona despejada de acuerdo a los protocolos de seguridad. Otro de los peligros que enfrentaría es que al momento de intentar retornar a la pista pudiera perder el control del aparato y desplomarse. El supuesto hecho provocaría la muerte de pilotos y pasajeros. Al haber un “asentamiento ilegal” en el cono de aproximación, aumentaría el riesgo para las personas que habitan en las casas de la zona.
“Por eso buscamos sectores sin obstáculos, donde se pueda aterrizar y salvar las vidas de los pasajeros y hasta de la aeronave. Es una grave amenaza para la aeronáutica de Pastaza si se continúan edificando casas en la zona”, dice Navarrete.
Los alumnos e instructores de la Escuela de Aviación Pastaza realizan seis horas de vuelo al día en las avionetas tipo Cessna 150, Cessna 152, Cessna 172 EC y Piter PA-30 con las que cuenta la institución. A este tipo de aeronaves se suman los Kodiak de Tame Amazonía y Aravá.
Las nueve compañías de aviación privada y del Estado brindan los servicios de ambulancia aérea, entrega de la colación escolar y vuelos comerciales y turísticos hacia las comunidades asentadas en la selva de la provincia de Pastaza y del norte de Morona Santiago, a las cuales solo se llega por vía aérea. El aeropuerto también es utilizado para los vuelos logísticos de las Fuerzas Armadas.
Los aviadores creen que el brillo que provocan los techos de zinc también constituyen una amenaza. Los pilotos indican que al aterrizar el resplandor del metal podría desorientar o causar malestar para visibilizar la pista de 1 487 metros de largo por 23 de ancho.
El piloto Patricio Naveda indica que en las 80 pistas que hay en las comunidades y que son aprobadas por la autoridad aeronáutica no se presenta este tipo de problemas. El oficial asegura que los indígenas no construyen sus viviendas al final de la pista por precaución.
“Los nativos son los que más utilizan el aeropuerto. Nadie espera un accidente, pero una salida de la pista de una aeronave podría causar una desgracia y el riesgo aumenta porque se siguen construyendo casas”, comenta Naveda.
En la zona de aproximación del aeropuerto de Shell viven
4 000 indígenas de las nacionalidades y pueblos de Pastaza, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y afroecuatorianos. Ellos construyen sus casas dentro del plan Ciudad Intercultural. Los dirigentes indican que en el proyecto están 1 500 familias que comenzaron a edificar sus improvisadas casas en el 2013, pero la construcción se duplicó desde mayo.
Joel Tapuy, junto con su esposa y sus dos hijos, levantó una pequeña casa en las proximidades de la pista en el 2016. Lo hizo sin los permisos del Municipio. Al lado de su vivienda viven sus tres primos y dos tíos que tienen terrenos en la comunidad Pavacachi.
A la familia de la etnia Shiwiar no le atemoriza el sonido de las aeronaves. El aeropuerto funciona en el día y de acuerdo con las condiciones climáticas que se presenten. “No hay peligro en nuestra zona”, asegura Tapuy.
Las autoridades del Municipio de Mera indican que las construcciones son ilegales y que no es aconsejable que se edifiquen viviendas al final de la pista. El alcalde Gustavo Silva confirma que el problema ya está en conocimiento de las autoridades provinciales y de la justicia. “No queremos que se pierda el aeropuerto de Shell porque es una zona comercial.
Tampoco podemos enviar a los funcionarios para que los desalojen porque son personas agresivas”.