5 de septiembre de 2016 08:43

Obtener una adopción en Ecuador puede tomar varios años

48 años tiene la Fundación Henry Davis en el país. Los niños están a cargo de madres sustitutas en la institución. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

48 años tiene la Fundación Henry Davis en el país. Los niños están a cargo de madres sustitutas en la institución. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Mariela Rosero

Las noticias de recién nacidos abandonados los empujaban a soñar. En su mente, como en la de tantos, adoptar a un niño aún en pañales no sería complejo. Zarita y su esposo, de 33 años, tuvieron un largo ‘trabajo de parto’: el trámite para por fin tener un hijo duró dos años.

Las cifras de adopciones en el país no son altas. Hasta julio de este año se han concretado 54, una de ellas internacional. Dos de cada 10 adopciones se aprueban a extranjeros, a través de nueve agencias, en especial de EE.UU. y Suecia. 
El año pasado hubo 136 adopciones nacionales y 15 internacionales. Pero el promedio anual de solicitudes es de entre 400 y 450. Solo de 160 a 180 solicitantes logran la idoneidad, tras pasar informes médicos, psicológicos, legales, familiares y socioeconómicos.


Desde que se ingresa la solicitud de los interesados en adoptar, hasta que se les asigna un niño, pasan ocho meses. Previamente los postulantes deben haber sido declarados idóneos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Ese paso toma 90 días. En total son 11 meses, según Guido Mosquera, subsecretario de Protección Especial.
 En esa espera, meses de alegría, tristeza y decepción vivió Zarita, quien en 10 años de matrimonio no pudo concebir.

Ella tiene ovarios poliquísticos, sus embarazos no pasaban del cuarto mes. 
Los tratamientos de inseminación artificial no le garantizaban nada. Así que con su pareja decidieron pedirle a Dios que les ayudara a completar la familia con una adopción. 
“Supimos que hubo ajustes, antes la espera podía durar 10 años”, recuerda Zarita, quien pidió mantener la reserva de su nombre real. Teme que la entrevista haga que le quiten a su hijo Julián, de 3 años. En diciembre celebrarán un año juntos.

El MIES supervisa el bienestar del infante hasta dos años después de la adopción. 
Ella no comenta nada en contra del proceso, pese a los dos años y un mes de espera. “Fue un milagro”, considera. El aviso de que les habían asignado un niño llegó antes de la Navidad del 2015. Les indicaron, por escrito, datos del menor: nombres, edad, origen, características, sin foto. Y les advirtieron que en 48 horas debían aceptarlo o rechazarlo. 
No tardaron en decir que sí.

Su vida gira en torno a su hijo. Sienten que son más felices. Los miedos de qué pasará, si el pequeño los rechaza o si no los apoya la familia pasaron. A Zarita aún le preguntan cómo es mamá si nunca la vieron embarazada. No importa.
“Queremos que sepa que creció en el vientre de otra señora, pero que es nuestro hijo”, relata. Y ya se lo explican a modo de cuento. A Julián lo abandonaron cuando era un bebé. 
Esa es una de las condiciones para que un chico sea dado en adopción. O que sus padres pierdan la patria potestad, es decir, derechos y obligaciones sobre sus hijos, que garantizan su bienestar. No solo material sino que generan seguridad.


La patria potestad se pierde por resolución judicial en casos de maltrato grave o reiterado, abuso sexual, explotación sexual, laboral o económica y demencia, indica Francisco Bonilla, director del Centro de Mediación y encargado de acceso a servicios de justicia del Consejo de la Judicatura. 
Así lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia. Ahí se precisa que niños y adolescentes tienen derecho a vivir con su familia biológica.

Y que el Estado debe buscar eso. Cuando aquello sea imposible o contrario a su interés, tienen derecho a otra familia.
En el Código también se determina que el juez podrá declarar que un chico puede ser adoptado, si las investigaciones concluyen que es huérfano de padres, no se ubica a sus progenitores o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad; por privación de patria potestad de ambos padres o por propio consentimiento.


A Rafaela la abandonaron a pocos días de nacida. Está con Elena y su pareja desde diciembre del 2015. Iniciaron el trámite de adopción en febrero de ese año. “Escucharla decir mamita llena el alma”, cuenta la mujer. Como se recomienda en los círculos, talleres, paso previo a la calificación como adoptantes, le dirán la verdad sobre su origen: vivía en un centro de acogida.
En el país hay 87 entidades de acogimiento, con 2 239 niños y adolescentes, de 0 a 18 años.

Ellos no necesariamente entrarán a procesos de adopción, reiteró Mosquera. “En el 95% de casos vuelven a sus familias”. El año pasado, 1 028 niños fueron reinsertados.
 Según él, 52% de chicos en instituciones es de difícil adopción: supera los 8 años, integra un grupo de más de tres hermanos o tiene una discapacidad. En este 2016, 72 niños fueron declarados adoptables y aún no han sido asignados.


Los centros tienen 72 horas, desde que acogen a un pequeño para iniciar el proceso para que un juez dicte medidas de protección y se investigue su situación legal. De ser el caso, en otro proceso se decide quitarle la patria potestad, luego sale la declaratoria de adoptabilidad y la sentencia de adopción, que permite que los nuevos padres la registren. 
“Varios niños quedan en el limbo. El juez prohíbe que la familia los visite y no quieren ser adoptados”, apunta Miguel Moreira, de la Fundación Henry Davis, con cien niños.

Dice que algunos padres los abandonan por falta de dinero.
 Pero no limitar las visitas provoca un ‘doble abandono’, en casos de padres que no cumplen con planes para desintoxicarse o buscar mejores ingresos, terapias para evitar el maltrato. Lo dice Cumandá Yépez, abogada con 29 años de experiencia en el tema. “A veces aparece un tío que quiere encargarse del niño y el proceso empieza de cero”. 
La legisladora de A. País, Marisol Peñafiel, coincide en que hay que poner un plazo a los padres que buscan recuperar a sus hijos, para evitar la revictimización.

Recalca que en este Gobierno se mejoró el proceso de evaluación de la situación legal de los niños. Cree que debe haber más control de padres y de los centros. Admite que no han logrado acordar con el Ejecutivo una reforma al Código de la Niñez en el tema de adopciones. Elena quiere repetir el proceso: siente que su casa está llena con Rafaela y le buscarán un hermano.

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