18 de junio de 2015 19:27

¿Adolescentes a la cárcel? Brasil debate la reducción de la edad penal

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Agencia AFP

Con la composición más conservadora de su historia reciente, el Congreso brasileño discute la reducción de la edad penal de 18 a 16 años, una propuesta que avanza a paso firme pese a la resistencia del gobierno, la iglesia católica y grupos de derechos humanos.

Que los adolescentes sean castigados por sus crímenes de la misma forma que los adultos. Es una idea que circula en los corredores del parlamento de Brasil hace 22 años, pero que ha cobrado fuerza en las últimas semanas, después de una serie de crímenes cometidos por menores que tuvieron gran repercusión en la prensa.

En mayo, un médico fue presuntamente asesinado a puñaladas por un adolescente mientras paseaba con su bicicleta en una zona turística de Rio de Janeiro, sede de los Juegos Olímpicos-2016. El mismo mes cuatro jóvenes fueron brutalmente agredidas y violadas por un grupo de muchachos en el interior de Piauí (noreste). Una de ellas falleció.

La iniciativa tiene un amplio respaldo popular: el 87% de los brasileños está de acuerdo, según realizada por la consultora Datafolha en abril.

“En el Brasil actual, nadie puede pensar que un ciudadano de 16 años que, de acuerdo con la Constitución puede votar y trabajar, no sea capaz de distinguir lo que está bien de lo que está mal, que no sepa la diferencia entre lo que es delito y lo que no es ” , sostiene el diputado Laerte Bessa, uno de los impulsores de la enmienda constitucional.

Bancada BBB: Bala, Biblia y Buey


La reducción de la edad penal es respaldada por la llamada “ bancada BBB ” : Bala, Biblia, Buey, que reúne a unos 373 diputados de cuño conservador (de un total de 513 que integran la cámara baja) , defensores de los intereses de sectores policiales, evangélicos y agropecuarios.

Juntos, impulsan una agenda que choca de frente con las ideas del gobierno izquierdista, con propuestas como la flexibilización del porte de armas, mayores controles para la demarcación de tierras indígenas y la definición de la familia solo como una pareja de hombre y mujer.

La propuesta que se votará en el plenario de la Cámara de Diputados el 30 de junio prevé la reducción de la edad penal para delitos graves, como violación, homicidio, latrocinio (robo seguido de muerte) , lesión corporal grave y robo calificado.

Más blanda que el texto original, prevé que los adolescentes cumplan sus penas en nuevas unidades a construir, distintas a las prisiones de los adultos y a los centros de reclusión de menores de 16 años.

En la vereda de enfrente, la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Iglesia católica y hasta la propia presidenta Dilma Rousseff claman por soluciones alternativas.

“Colocar a los adolescentes en el sistema penal hoy es un gran problema. Porque además de la superpoblación, hay un problema de baja resocialización”, dijo a la AFP Gabriel Medina, jefe de la secretaría de la Juventud, que articula las políticas gubernamentales dirigidas a los 21 millones de adolescentes del país.

El 54,8% de los presos de Brasil tiene menos de 29 años, y la tasa de reincidencia en las prisiones alcanza el 70%.

“#ReducciónNoEsSolución”

Las cárceles brasileñas son “medievales”, “son verdaderas escuelas del crimen”, ha indicado el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, de quien depende el sistema penitenciario. También admitió que preferiría morir que pasar varios años en una cárcel del país.

“Buena parte de la violencia que tenemos en nuestra sociedad (...) es ordenada desde dentro de las cárceles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Colocar a los adolescentes dentro de las cárceles para que sean capturados por las organizaciones criminales?”, sostuvo.

Con la etiqueta #ReducciónNoEsSolución, los detractores de la enmienda constitucional difunden sus mensajes en las redes sociales, una campaña que recuerda el lema “No a la baja” con el que un grupo de jóvenes uruguayos logró en 2014 revertir la tendencia de la opinión pública hasta hacer fracasar una reforma constitucional que buscaba la misma reducción en la edad de imputabilidad.

El Estatuto del Niño y del Adolescente, aprobado en Brasil en 1990, establece que los menores de 18 años que infringen la ley deben ser sometidos a medidas socioeducativas, que pueden variar desde trabajos comunitarios hasta la internación en centros correccionales por hasta tres años.

Un joven de 18 años internado en un centro educativo cerca de Brasilia pronosticó que si la enmienda se aprueba “va a ser peor”. “Si la bajan a 16, van a entrar en el delito todavía más jóvenes. Y siempre va a llegar gente nueva. Uno muere y llega otro. Uno va preso y otro aparece ” , dijo al diario Correio Brasiliense.

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