12 de abril del 2016 00:00

La administración del dinero electrónico está en debate

Ayer, la Asamblea dio paso al primer debate de la reforma tributaria que contempla incremento de tributos. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

Ayer, la Asamblea dio paso al primer debate de la reforma tributaria que contempla incremento de tributos. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Carolina Enríquez
y Mónica Orozco (I)

Las 56 000 cuentas de dinero electrónico deberían pasar a la banca privada para avanzar en una alianza con el sector, que impulse el uso de este medio de pago, dijo ayer, 11 de abril, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Abpe).

Para el gremio, ninguna cuenta debe quedar en manos del Banco Central del Ecuador (BCE), pues el rol de crear cuentas corresponde al sistema financiero privado.

“Ahí tendríamos una alianza para que los bancos trabajen sobre el área que les corresponde, que es crear nuevas cuentas, bancarizar, lanzar estrategias de dinero electrónico. La parte pública se encargaría del control”, señaló ayer Julio José Prado, presidente de la Abpe.

“Cuando pase a la banca privada permite que varias instituciones comiencen a competir entre sí para prestar de forma adecuada”.
Prado cuestionó ayer la intención de masificar el uso de dinero electrónico a través de la llamada Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, que entró ayer a primer debate en la Asamblea.

“Cuando estábamos viendo cuáles son las mejores alternativas para que el sector privado pueda entrar al sis­tema, el Ejecutivo lanza esta reforma y, ahora, cualquier iniciativa de dinero electrónico tiene que ponerse en marcha en tres semanas, lo cual es muy difícil”, dijo el titular de la Abpe.

El ministro de Política Económica, Patricio Rivera, dijo la semana pasada que el Gobierno se encuentra conversando con actores privados para que administren el sistema de dinero electrónico.

La reforma tributaria propone devolver dos puntos de IVA a quien use este medio de pago, para masificar su uso. El dinero electrónico permite realizar pagos o compras con el celular, previo un canje de dólares físicos.

El uso del dinero electrónico centró ayer la discusión en el Pleno de la Asamblea, que ayer tramitó el proyecto del Ejecutivo en primer debate. El asambleísta Ramiro Aguilar dijo que para poner en marcha este mecanismo debe haber respaldo. “Los ciudadanos no tienen confianza en algo que no se ve”.

El legislador de Creo, Patricio Donoso, aseguró que hay que ser cuidadoso ante una posible doble emisión por parte del BCE, algo que ha sido rechazado por la entidad.

Franco Romero, asambleísta por el PSC, anunció que remitirá a la Secretaría de la Asamblea un documento que muestra los riesgos del uso del dinero electrónico.

El oficialismo defendió la iniciativa. Carlos Bergman, asambleísta de Alianza País, indicó que el proyecto marcó un amplio interés de la ciudadanía por el mecanismo, ya que desde el 31 de marzo al 8 de abril se abrieron ya 2 200 cuentas. Para Bergman, ese incremento, que equivale a un 4%, significa que “la gente está tomando conciencia de que se debe fortalecer la dolarización”.

La también oficialista Rosana Alvarado criticó que los bancos quieran operar el dinero electrónico, ya que -de suceder eso- podría haber servicios bancarios caros.

El recorte a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) también se debatió ayer. El proyecto de Ley establece que el ente rector de las finanzas públicas podrá aumentar o rebajar las asignaciones a los GAD hasta por el 15% en relación con las cifras aprobadas por la Asamblea. Pero la reforma no dice cómo se efectuará esta revisión, si es mensual, trimestral o anual.

Dos horas antes de arrancar la sesión del Pleno, el bloque oficialista se reunió con autoridades de Gobierno para analizar el proyecto.

Entre los funcionarios estuvieron el titular de Finanzas, Fausto Herrera, y el presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, Gustavo Baroja.

El Prefecto dijo que como Congope había solicitado a los asambleístas que se haga una liquidación trimestral de los ingresos reales, a fin de que los GAD sepan con cuánto dinero contarán en el año, de aprobarse el proyecto.

El independiente Oswaldo Larriva dijo que, de aplicarse los ajustes, el recorte afectará a las obras de los GAD.

Pero los oficialistas exigieron que los GAD no sean autónomos solo de nombre. Según Soledad Buendía, el 3% de las prefecturas consigue recursos de la autogestión y el 15% de los municipios.

Propuestas al proyecto de Ley no hubo hasta las 18:00 de ayer, excepto las de la oficialista Vanessa Fajardo. Ella propuso que se excluya del pago del impuesto a la salida de divisas (ISD) a personas con enfermedades catastróficas que deben viajar por tratamientos, que se fijen con claridad los montos de exención del IVA de los adultos mayores; y que se grave a las bebidas alcohólicas de mayor contenido alcohólico.

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