25 de mayo de 2016 00:00

Débil atención para tratar adicciones a la droga

En la foto aparece un grupo de jóvenes que están recibiendo tratamiento en Quito. Foto: Victor Muñoz / EL COMERCIO

En la foto aparece un grupo de jóvenes que están recibiendo tratamiento en Quito. Foto: Victor Muñoz / EL COMERCIO

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Fernando Medina

Los centros privados son más que los públicos. Eso no ha cambiado y lo corroboran las cifras oficiales. La Secretaría Técnica de Drogas, un nuevo organismo que opera desde este año, reconoce que hasta marzo pasado, en el país operaban 62 centros para el tratamiento de adicción a las drogas. Pero de ese número, 58 eran particulares y solamente cuatro públicos (dos están en Quito y dos en Guayaquil).

Uno de estos centros estatales funciona en el nororiente de la capital. Allí se recuperan 56 hombres adultos. Todos tienen problemas por consumo problemático. De hecho, el 95% de ellos toma fármacos que ayudan a sobrellevar la ansiedad originada luego de abandonar el estupefaciente. Ese es el caso de Leonardo. Él tiene 39 años y empezó a fumar marihuana e inhalar cocaína desde los 24. Llegó a ese lugar de tratamiento en marzo pasado, tras ser evaluado por médicos y psicólogos, quienes determinaron que debía ser internado, pues por la droga no dormía, no comía ni trabajaba.

Casos como estos se repiten uno tras otro en la casa de tratamiento de Quito. Y la directora del programa de salud mental del Ministerio de Salud, María Gabriela Morales, dice que, en efecto, existe un déficit “en la atención” de este problema. Por eso se construyen cuatro centros más que tendrán 200 camas. De esta forma se intenta “subsanar o dar la atención de forma gratuita”, dice la funcionaria.

Sin embargo, Morales explica que no todos los pacientes necesitan ser internados.

De allí que en el país existen 39 centros ambulatorios intensivos. Estos funcionan en centros de salud y hospitales.

Pero para quienes deben internarse, hay ocasiones en que el Ministerio de Salud contrata servicios de clínicas privadas.
Esto ocurre precisamente por la falta de camas en los cuatro centros públicos. Entre todos suman 135 cupos frente a las 1 436 de los privados.

En marzo pasado, en el país se conoció el informe anual sobre drogas publicado por el Departamento de Estado de EE.UU. y allí se mencionó que en el país hay “un creciente problema de abuso doméstico de drogas” y que “los recursos e instalaciones de tratamiento siguen siendo insuficientes”.

Ecuador respondió a ese pronunciamiento y en abril planteaba en la Asamblea General de la ONU la necesidad de cambiar el combate a las drogas y recurrir más a la prevención. Pero tres días antes de que se iniciara este encuentro internacional, el defensor público, Ernesto Pazmiño, decía que no hay suficientes centros terapéuticos de salud.

El tratamiento, a nivel privado, es costoso. Este Diario consultó en cuatro lugares especializados y los precios oscilan entre USD 5 000 y USD 7 000 por seis meses de cuidados.

Por eso, incluso en el informe de EE.UU., se señala que la atención privada tiene un valor “prohibitivo”.

Eso lo conoce la madre de Francisco, un joven de 27 años que consume marihuana y cocaína desde los 17. Desde enero, ella paga cada mes USD 600 para que su hijo se recupere. Para eso tuvo que hacer un préstamo. Lo mismo le ocurrió a Verónica, madre de una chica de 24 años que está internada desde febrero por consumo de marihuana. Ellas cuentan que intentaron llevarles a una casa de ayuda estatal, pero que no encontraron espacio.

Con la aprobación de la Ley de Drogas, en octubre pasado, se estableció que el Estado tiene la “obligación de prestar servicios de rehabilitación a consumidores”. Y quien debe “impulsar el sistema de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas” es la Secretaría Técnica de Drogas. Este Diario se contactó con ese ente para hablar sobre el déficit en la atención y la respuesta fue que “la última vez que se contó con una línea base fue en el año 2012”.

Y que actualmente trabajan en una base de datos para “poder contrastar la demanda del consumo, con la capacidad del Estado para atender estas demandas”. Lo que sí se conoció es que en el 2015 en el país fueron atendidas 36 613 personas por adicciones (servicio ambulatorio e internamiento).

Las personas que son atendidas bajo este último régimen pasan hasta seis meses con terapias ocupacionales como pintura, gastronomía, teatro, lectura, deportes o, como en el caso de Leonardo, carpintería.

Además se les realiza charlas grupales e individuales con los psicólogos y psiquiatras del centro. Un equipo médico también evalúa su progreso.

Cada semana se les realiza exámenes de orina para saber si han consumido o no. El apoyo familiar también es importante. Aunque en ocasiones esto no puede ser frecuente, pues la falta de centros ha hecho que las personas vayan a ciudades lejanas para recuperarse. Por ejemplo, Verónica viaja una vez al mes de Quito a Riobamba para poder ver a su hija.

En contexto
Al comenzar el 2016, el Gobierno dijo que este será el año “de la derrota” del microtráfico. Desde el año pasado se realizaron reformas, como el penalizar con fuerza la venta de la droga al menudeo. La Corte Nacional aprobó la acumulación de penas.

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