21 de noviembre de 2017 13:58

31 acuerdos reparatorios a víctimas de violencia se firmaron en Cuenca

El acto se cumplió en el Salón de Próceres de la Gobernación de Azuay, en Cuenca, con la presencia de la ministra, Rosana Alvarado, y familiares de las víctimas de distintas ciudades del país. Foto: Lineida Castillo/EL COMERCIO

El acto se cumplió en el Salón de Próceres de la Gobernación de Azuay, en Cuenca, con la presencia de la ministra, Rosana Alvarado, y familiares de las víctimas de distintas ciudades del país. Foto: Lineida Castillo/EL COMERCIO

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Lineida Castillo

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El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos firmó 31 acuerdos de reparación a víctimas de violaciones de Derechos Humanos, la mañana de este 21 de noviembre del 2017. Con estos suman 58 a escala nacional.

El acto se cumplió en el Salón de Próceres de la Gobernación de Azuay, en Cuenca, con la presencia de la ministra, Rosana Alvarado, y familiares de las víctimas de distintas ciudades del país. Estos casos ocurrieron entre 1984 y 2006 y fueron documentados por la Comisión de la Verdad.

Según Alvarado, las personas indemnizadas fueron víctimas de torturas, humillaciones, abusos sexuales y agresiones. Por eso, el monto económico que recibió cada uno se fijó -mediante acuerdo entre las partes- de acuerdo con la gravedad de los hechos.

Por ejemplo, Giorge Calle, de 47 años, recibió USD 71 000 por la muerte de su hermano durante un desalojo registrado en 1987 en la cooperativa minera 10 de Enero, en el cantón Pasaje, provincia de El Oro. Según Calle, 70 policías armados intervinieron y quemaron el campamento donde vivían 400 personas.

Como resultado de esa trifulca tres personas fallecieron y siete resultaron heridas. El informe de la Comisión de la Verdad incluyó a 59 personas violentadas sus derechos, entre ellos Ángel Beltrán Pineda y Luis Cuenca quienes también estuvieron presentes en la Gobernación.

Agripino Alarcón Quiñonez, 69 años, también firmó el acuerdo reparatorio. Él contó que el sábado 9 de mayo de 1987, 15 militares irrumpieron en su finca ubicada en Lago Agrio y maltrataron a su familia (seis personas) y su hija de 15 años fue violada.

Según él, "por ser de tez negra, los militares nos acusaban de habernos robado un fusil y de ser guerrilleros. Permanecimos días amarrados a una viga hasta que logramos escapar. Casi nos matan. Durante años vivimos perseguidos y amenazados”, dijo. Por eso, él denunció el caso a Elsie Monja, como defensora de los derechos humanos.

Alarcón recibió USD 25 000 de indemnización y según él es un monto insignificante para los años de dolor, llanto, tristeza y olvido de la justicia que han soportado en más de 30 años.

Según la ministra Alvarado, fueron acuerdos seguros y justos.
Finalmente, Alvarado pidió perdón a nombre del Estado ecuatoriano a las víctimas y sus familiares presentes.

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