3 de December de 2009 00:00

Acosta criticó el modelo del Régimen; los empresarios tienen más quejas

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Redacción Guayaquil

El modelo económico y político plasmado en la nueva Constitución genera incertidumbre y polémica. Por un lado, un grupo de empresarios se siente limitado y excluido en la economía y, por el otro, el ex presidente de la Constituyente, Alberto Acosta, critica al Gobierno por no cumplir con la Carta Magna.

Ayer, en Guayaquil, más de 50 empresarios e industriales acudieron a la conferencia ‘El papel de la empresa privada en el nuevo esquema constitucional’. Allí expusieron sus inquietudes sobre la falta de incentivos y las limitaciones para operar en el mercado.

El evento fue realizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. María Gloria Alarcón, presidenta del gremio, sostuvo que la empresa privada y la inversión no son consideradas como la base del desarrollo del país. “Cada vez limitan las iniciativas del sector con más reformas y exclusiones”.

Los empresarios Alberto Salvador y Fabricio Peralta querían conocer más sobre el enfoque que deben tener temas como la  responsabilidad social y el derecho a la propiedad privada.

El ex presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, explicó los objetivos de la Constitución y la importancia de la empresa privada en la economía, pero reconoció que hay leyes que no cumplen con el esquema constitucional. Mencionó a las leyes Minera, de Soberanía Alimentaria, Comunicación, entre otras. “Creo que al Gobierno, la Constitución comienza a resultarle una suerte de camisa de fuerza porque no está aceptando lo que se estableció”.

Según Acosta, el Gobierno no debe quedarse con los medios de comunicación incautados por la Agencia de Garantía de Depósitos, para transformarse en monopolio u oligopolio. “Se critica el monopolio privado y por otro lado se quiere pasar al monopolio público. Los medios deben ser transferidos a grupos de la sociedad para que lo administren”.

Acosta dijo que Rafael Correa no ha logrado un  acuerdo nacional con todos los actores para que funcione la inversión pública.

Walter Spurrier, analista económico, dijo que el Gobierno tiene una política muy agresiva en contra de las empresas privadas. Las  desplaza de sus actividades y favorece a sectores como el cooperativismo y los pequeños propietarios. “Puede ser positivo, pero comienza a obstaculizar el funcionamiento de las empresas que ya están en medio del camino”.

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