En las ediciones del Diario EL COMERCIO del 28 de febrero y 1 de marzo de 2010, se publican un reportaje investigativo y un editorial sobre la actuación de las autoridades en materia de combate al lavado de activos, en el que se hace un análisis equivocado de los hechos, y la relación de estos entre sí, incurriendo en varias imprecisiones que los llevan a conclusiones equivocadas.
No existe relación alguna entre lo acontecido en Buenos Aires en diciembre de 2009 y la inclusión del Ecuador en una lista de países con deficiencias en materia de lucha contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo en febrero de 2010.
Las funciones y competencias del Directorio del Consejo contra el Lavado de Activos, estipuladas en su Artículo 8, de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, le asigna entre otras, “
Diseñar y aprobar políticas y planes de prevención en materia de lavado de activos”, por tanto, los aspectos técnico-operativos, por la confidencialidad y autonomía de gestión con la que debe manejarse un ente que tiene acceso a información de los ecuatorianos, están a cargo de su Director, nombrado por concurso de merecimientos.
En cuanto a lo sucedido en Buenos Aires: El informe del avance del Ecuador debía ser enviado al Gafisud por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, previo a la celebración del pleno en Buenos Aires, hasta el 11 de noviembre de 2009. Por tanto, esa responsabilidad no estaba a cargo de la delegación que presidí, nuestra obligación en ese momento era otra, hacer la presentación oral de los avances de nuestro país en materia de prevención de lavado, frente al Grupo de Revisión Regional de las Américas el día 30 de noviembre de 2009 y frente al pleno del Gafisud, el 3 de diciembre de 2009.
La intervención de nuestra delegación frente al Grupo de Seguimiento del Ecuador, el 30 de noviembre de 2009 se inició con una explicación a mi cargo del proceso jurídico y político del Ecuador desde el 2007 en adelante, buscando que los miembros de este grupo entendieran por qué a pesar de que el Ecuador ya tenía un proyecto de Ley contra el Financiamiento del
Terrorismo presentado al Congreso desde el año 2006, esto no había podido ser tratado y aprobado aún. Esta explicación incluyó un recuento de todo el proceso eleccionario, de convocatoria a la Asamblea Constituyente, aprobación del nuevo marco constitucional y posterior transición en materia legal y de autoridades públicas.
Las explicaciones técnicas estuvieron a cargo de Henry Mendoza y Daniela Solano, funcionarios de la UIF, del Tnte. Crnel. Freddy Ramos, de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y de Iván Velasteguí, de la Superintendencia de Bancos.
En ningún momento se mencionó la falta de presentación del informe (escrito) de avances del Ecuador, hecho que hasta ese momento era desconocido para los miembros de la delegación que no somos parte de la UIF.
Recién el 2 de diciembre de 2009, en una de las reuniones de los grupos de trabajo, previas al inicio del pleno, me enteré de la falta de presentación formal del informe de avances por parte de la UIF. Esto motivó que al día siguiente, previo al inicio del pleno del Gafisud, reuniera a toda la delegación para informarles de lo que estaba sucediendo, y que me presentaría al pleno porque tenía que dar la cara al ya estar allí, pero que jamás hubiera viajado a Buenos Aires, si hubiera conocido de antemano que la UIF no había presentado el informe escrito.
En la sesión del pleno, intervine e hice la presentación oral de los avances del Ecuador en el combate contra el lavado de activos.
Por lo sucedido, desde Buenos Aires pedí se convoque al Concla, a una sesión para el 10 de diciembre de 2009, reunión en la cual informé a los miembros del Consejo (integrado por los siguientes organismos: Fiscalía General del Estado, Superintendencias de Bancos y Compañías; CAE, SRI, Policía Nacional y la UIF) de lo que había acontecido en Buenos Aires. No es verdad que en dicha sesión el Consejo haya cuestionado la actuación de la misión, aunque sí cuestionamos la falta de presentación del informe por parte de la UIF, requiriendo al Director
General que para la próxima sesión se presente un informe que determine las responsabilidades de los funcionarios que tenían a su cargo la presentación de ese informe a fin de adoptar las sanciones correspondientes.
El 11 de diciembre de 2009, la UIG presentó al Gafisud el informe escrito con los avances.
La siguiente sesión fue convocada el 27 de enero del 2010 para el 23 de febrero del 2010. En el orden del día se incluyó el conocimiento del informe, pero no pudo ser tratado por cuanto se modificó el orden del día a fin de conocer y resolver la posición del Concla frente a la publicación de la lista del Gafi, quedando pendiente el tratamiento de los puntos originales del orden del día para una nueva sesión.
El análisis que hace Diario El Comercio llega a la conclusión de que estos hechos, son el antecedente de la decisión del Gafi, sobre lo cual, también es necesario hacer las siguientes precisiones:
En la comunicación que el Presidente del Gafi me dirige el día 3 de febrero del 2010, manifiesta:
“
Reconozco que su gobierno ha cooperado con el grupo regional de revisión a lo largo de este proceso, manteniendo un diálogo productivo y fluido y productivas reuniones. El examen ha revelado que dentro del régimen AML/CFT (Lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por sus siglas en inglés) de su jurisdicción permanecen varias deficiencias de importancia estratégica, tal y como se señala en el informe adjunto. Es por esta razón que le escribo con la intención de obtener la confirmación por parte de su gobierno de absoluto compromiso a nivel político de atender tales deficiencias cuanto antes e implementar el plan de acción desarrollado en conjunto entre los oficiales de su jurisdicción y el grupo regional de revisión”. (Traducción no oficial del texto en inglés),
Esta comunicación fue contestada mediante oficios del 11 y 16 de febrero de 2010, el primero firmado conjuntamente con el canciller del Ecuador, economista Ricardo Patiño.
Como se evidencia, no es la ausencia de información ni la falta de presentación de informes los que motivaron la decisión del Gafi. Esto se corrobora con el mail que me fuera enviado por Alejandro Strega, representante de Argentina en el Gafi, la noche del domingo 21 de febrero de 2010, a su retorno a Argentina luego del pleno en Abu Dhabi. En él, Alejandro Strega, dice: “
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“La única razón por la que ha quedado en ese cuadro dentro del listado es porque, aún cuando revisaron en dos oportunidades la información que contenía el reporte que se hizo y establecieron un Plan de Acción para superar las debilidades que ustedes mismos habían reconocido, no enviaron un compromiso del Estado para cumplir con el referido Plan de Acción”.
Luego agrega: “Por lo cual no existe ninguna visión especial contra el Ecuador sino que sólo han incurrido –insisto- en un error técnico (no mandar la carta comprometiéndose a tratar de llevar a cabo el Plan de Acción que habían propuesto)”.
Es evidente entonces, como lo reconocen el Presidente del Gafi y el representante de la Argentina en el Gafi, que este organismo sí contaba con la información del Ecuador cuando decidieron incluirlo en la lista publicada el 18 de febrero de 2010, luego del pleno de Abu Dhabi, lo que obedeció a que los miembros del Gafi estimaran que el compromiso del Ecuador no
era “claro”, como se aprecia del documento oficial publicado por el Gafi.
Lógico es concluir que la interpretación de los hechos que hace Diario El Comercio, no responde a la realidad. Solicito la publicación de esta carta para la correcta información de los lectores.
Nota de la Redacción
Este diario se ratifica en el contenido de la información publicada este domingo 28 de febrero en la sección “El Reportaje de la semana”, en la página 4. Toda la información allí expuesta se sustenta en documentación oficial debidamente revisada.
Los lectores pueden acceder a la documentación completa que consta publicada en la versión electrónica de esta casa editorial: www.elcomercio.com